La humillación a la que la consejera de Presidencia de la Generalidad de Cataluña sometió a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia del Gobierno de España, exigiendo que dejara su teléfono móvil fuera del despacho en el que celebraban una entrevista, prueba hasta qué extremo llega la dependencia política de Pedro Sánchez de los separatistas catalanes.

En esa misma dependencia habría que enmarcar el origen de dicho encuentro que partía de la reclamación de explicaciones por parte de Pere Aragonés y otros dirigentes independentistas que han denunciado ser víctimas de espionaje telefónico por parte de un programa software denominado “Pegasus” utilizado, según sus denuncias, por el Gobierno. Como resulta que son sus principales socios parlamentarios y que Pedro Sánchez les necesita para sacar adelante una quincena de proyectos de ley parece que en La Moncloa viven este episodio con nerviosismo cercano a la histeria.

Los separatistas, algunos de cuyos dirigentes fueron condenados por impulsar el “procés” –un caso sentenciado como acto de sedición–, se rasgan las vestiduras y tratan de aprovechar el supuesto espionaje para motivar a sus desganados cofrades. Salieron de prisión asegurando que volverían a intentarlo y parecen sorprenderse de las consecuencias de este tipo de proclamas. Ahora exigen que rueden cabezas y señalan directamente al Centro Nacional de Inteligencia y a la ministra de Defensa.

Pedro Sánchez tendría que recordar a sus socios que el CNI fue creado para prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones. Pero no lo hará porque depende de ellos para seguir en el poder y es probable que trate de enfriar el asunto ofreciéndoles los que piden. Por eso, todo un ministro del Gobierno de España tragó con la humillación y dejó fuera el teléfono.