Después de escuchar este lunes las durísimas acusaciones de Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, contra el líder del PP (“Feijó incumple la Constitución y no tiene palabra”) en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, resulta interesante aproximarse al contaminado relato político en su versión más grosera, que es la lucha en la conquista de posiciones en camino hacia las urnas de mayo. Todo está impregnado ya de aromas electoralistas.
 

Véanse las versiones que se despachan a uno y otro lado de la barricada en el pegajoso culebrón del caducado CGPJ, tras su amontonamiento por parte del Gobierno con la planeada reforma del delito de sedición. Una forma de envenenar conscientemente las negociaciones. La idea habría sido provocar al PP, ponerle contra la pared, hacerle aparecer incapacitado para gobernar. Por eso se colocó en el debate un nuevo tratamiento penal de dicha figura delictiva. Desde Moncloa y Ferraz todas las baterías disparan en la misma dirección tras la espantada del PP de las negociaciones para renovar el órgano de los jueces. El Gobierno acusa a Feijóo de “insumisión constitucional”, aunque el unívoco mensaje de fondo pregona el fin del efecto Feijóo, por desmentir su perfil moderado por presión de la ultraderecha.
 

Desde el otro lado, el del PP, se clavetea el mensaje de las amistades peligrosas de Sánchez. Es decir, sus pactos con los enemigos del Estado que presionan para que el Estado baje la guardia en venideras aventuras sediciosas. De ahí su ruptura de las negociaciones, a causa de lo que Feijóo ha llamado “incongruencia insalvable”. En otras palabras: que en nombre del Estado se quiera pactar el debilitamiento del Estado.
 

Pero lo más llamativo es el reflejo mediático de las respectivas posiciones de los dos principales partidos de la centralidad. Se reproducen más o menos con las misma palabras, tanto los medios habitualmente más cercanos a Moncloa como los más cercanos a Génova.
 

Los primeros hacen referencia a las críticas internas que empiezan a oírse contra Feijóo en las filas del PP, en línea con las afirmaciones de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, cuando dice que “Feijóo ha quedado desacreditado ante los sectores moderados de su partido”. Y los segundos, los más cercanos al PP, se remiten a las encuestas que dicen que la mitad de los votantes socialistas están en contra de suavizar las penas por el delito de sedición.
 

El asunto ya ha entrado en bucle. Pero si sobrevolamos las trampas que unos y otros se hacen en la negociación para renovar el CGPJ y el TC, solo queda clara una cosa: el obstruccionismo del PP y el furtivismo parlamentario del PSOE han consumado un gravísimo atentado conjunto al funcionamiento regular del Poder Judicial.