Catorce nuevas juezas se incorporan a su cargo en Galicia. Perdón por no hablar de su sexo, sino de su ridículo número. Porque, solo unos días después, se han convocado  para los tribunales gallegos 111 plazas de jueces sustitutos y magistrados suplentes. Dicho de otra forma: se necesitaban 125 jueces en Galicia y únicamente convocaron 14 plazas fijas. En toda España han ofertado 120 plazas para titulares y mil de sustitutos. Una locura. Cómo no va a ser lenta la justicia.

Uno de cada cinco jueces en España trabaja en precario, tras un concurso de méritos, sin oposición y sin haber pasado por la Escuela Judicial. Algo semejante ocurre con los fiscales. El poder en general y el judicial en concreto parecen preferir un abultado cupo de jueces temporeros que, si no gustan, no se les vuelve a llamar. Ni siquiera son fijos discontinuos. Sí, lo sé, ocurre en el Sergas, en todo el sector público. En este país, la Administración es el primer contratador con miedo al trabajador estable. Pero yo me pongo especialmente nervioso si pienso que me puede juzgar una persona preocupada por llegar a fin de mes, o que le han telefoneado una hora antes  para incorporarse al Juzgado, sin derecho a permiso por maternidad o lactancia, que solo cobra y cotiza los días que le llaman y que no puede tener otro empleo complementario que no sea docente o investigador por el régimen de incompatibilidades. En realidad, más que los sustitutos me preocupan los ciudadanos.

Ocupar plaza de juez o fiscal de carrera requiere superar una oposición basada en una memoria y una velocidad recitativa a niveles circenses, habilidades adquiridas durante años como quien entrena crossfit solo que con los glúteos adheridos a la silla. Este proceso, que superaría Alexa hablando a 1,5x, filtra el acceso a dos años de formación en esa especie de master gremial ajeno a la universidad que es la Escuela Judicial. Existe otra vía sin plaza: la de ser juez sustituto tras presentarse al concurso de méritos, un sistema que a veces lo carga el diablo por la discrecionalidad y el consabido abultamiento de currículo. Los seleccionados, al día siguiente, son tan jueces como los demás. Se conoce que esos dos años de formación no eran tan imprescindibles.

El concurso de méritos sin oposición resulta muy ventajoso para la Administración en general. Es más barato, rápido, excelente para obtener mano de obra precaria y listas de sustitución cómodas. En este caso, además, tienes mil jueces sin los estudios específicos aunque le acompañen multitud de méritos como dar clase a universitarios de 19 años y ser experto en la modélica publicación científica que tanto adorna el mercado investigador español. Claro que, dirán muchos, frente a ese peligro del juez sustituto, simplemente inexperto o cabreado por su explotación laboral, siempre existe la posibilidad del recurso. Cuando existe, claro.

Algunos jueces sustitutos llevan 20 años ejerciendo sin que les sirva para ganar la plaza fija. Al menos tienen experiencia. Prefiero que me juzgue un sustituto con años de oficio (y vida) que un recién salido de la escuela. Pero también prefiero a un recién egresado de la Escuela Judicial que a un sustituto que gana por primera vez el concurso de méritos gracias a su engalanado currículo de jurista.

El caso de los jueces reviste mayor gravedad por obvios motivos, aunque en realidad el sistema público de selección de profesionales en general está carcomido. Europa se lo ha dicho con claridad a España: hay que acabar con la cronificación de la interinidad. Puede que se estén dando los primeros pasos. Pero entre tanto, lo dicho, solo 14 nuevas juezas de carrera para 125 plazas. Y nosotros, contentos, fijándonos en que son mujeres.