conomistas y politólogos analizaron con rigor las claves económicas del acuerdo entre el PSC y ERC: la financiación singular de Cataluña con el concierto económico y la creación de una Hacienda catalana. Nada que añadir a lo dicho por esos expertos, por Fedea y otras instituciones.

También fueron objeto de análisis concesiones como las selecciones deportivas, la mesa de negociación para la independencia y la promoción del catalán en detrimento del castellano. A esto último voy a referirme en este comentario.  

Uno de los apartados del acuerdo incluye dos “concesiones” para blindar el catalán como lengua propia: la primera es la creación de una consejería de “política lingüística” para garantizar la inmersión monolingüe en las escuelas “como columna vertebral para la convivencia”.  

Para este puesto fue nombrado un conseller procedente del anterior gobierno de ER que no solo garantiza esa inmersión monolingüe, sino que -segunda concesión- garantiza eludir la sentencia del Tribunal Supremo (pendiente de resolución del Constitucional)  que establece un mínimo del 25 por cien de castellano en la educación.

Es grave relegar la lengua castellana que nos sustenta como pueblo y nos comunica con  600 millones de personas, según el Instituto Cervantes. Como sería grave relegar el catalán. Pero entraña más gravedad aún que unos políticos encerrados en su caverna nacionalista, con la colaboración de enseñantes, priven por decreto a los escolares de su aprendizaje.

¿Con qué autoridad cometen este atropello a la lengua castellana, un idioma que los estudiantes de hoy van a necesitar mañana en sus profesiones para sobrevivir y competir en el mercado laboral? ¿Por qué no quieren enterarse de que allende los Pirineos es más importante el castellano que el catalán?

La mediocridad de los políticos nacionalistas les impide saber que las personas somos más ricas conociendo dos o más idiomas que uno solo. ¿Con qué autoridad moral excluyen el castellano de las escuelas empobreciendo a los escolares catalanes?

La cerrazón nacionalista también les impide saber que ninguna lengua se impone, ni se erradica por la fuerza. Cuarenta años de dictadura no acabaron con el catalán -tampoco con el gallego-, ni lograron imponer el castellano en Cataluña o en Galicia. Por tanto, también deberían saber que su cruzada a favor de la inmersión obligatoria en el catalán y la postergación del castellano es perfectamente inútil.

En 2018 la ministra Celaá firmó un acuerdo con Dinamarca para extender el estudio del español entre los escolares daneses de secundaria y una madre catalana comentó “tendré que ir a Dinamarca para matricular a mi hijo en castellano, en Cataluña no puedo. Mientras el Gobierno promociona el castellano por el mundo, consiente que se prohíba en Cataluña incumpliendo sentencias de la justicia. Esa es la realidad.