En democracia cualquier ley es susceptible de ser modificada. Faltaría más. De manera que la modificación del delito de secesión y el de malversación pueden ser modificados, pero lo que escandaliza es que el Gobierno lo haga como pago a los partidos independentistas para que le garanticen su apoyo. Este es el quid de la cuestión. Modificar la sedición y la malversación supone aligerar en unos casos, y suprimir en otros, las penas de quienes atentaron contra el orden constitucional. Y no, no me convence el argumento que esgrimen algunos socialistas de que los independentistas catalanes sabían que su intentona no llegaría a buen puerto y que poco menos era un brindis al sol. Y no me convence porque es un argumento falso.
 

Lo ha dejado dicho Emiliano García-Page, socialista donde los haya, sobre la reforma del delito de sedición: se está abaratando los ataques a la Constitución.
 

Tiene razón. La reforma del delito de sedición viene a abaratar cualquier intento de acabar con nuestro sistema democrático que se fundamenta en la Constitución. Y para ello, desde el Gobierno no dudan, de manera torticera, de repetir que en Europa este delito no existe y en donde existen las penas son menores. No es cierto, pero ya se sabe que repetir una mentira muchas veces hace que la mentira obtenga visos de realidad. En cualquier caso el problema, como digo, no es solo reformar la figura de este delito, sino hacerlo a petición de los independentistas que exigen al Gobierno que pague ese precio por su apoyo, que a la postre no deja de alimentar la voracidad de los partidos independentistas. Modificar el delito de sedición supone colocar al Tribunal Supremo de España a los pies de los caballos. Supone dar la razón a los independentistas que pusieron en marcha un “golpe” contra la Constitución, es decir contra la democracia y la libertad. Supone que en Europa “lean” esta decisión del Gobierno Sánchez como una corrección a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas. Y lo peor es que esta nueva concesión a los partidos independentistas servirá de poco, ya lo han dicho los dirigentes de Esquerra: ahora van a por el derecho de la autodeterminación, asi de claro.
 

Una vez más Pedro Sánchez y su gobierno vuelven a dividir a los ciudadanos con esta más que controvertida decisión de reformar el delito de sedición, dejándolo en bagatela, y sin solicitar un informe al Consejo de Estado y al Poder Judicial, y aprobándola deprisa.