En unos pocos días empieza todo. Constituidas las Cortes, elegido el presidente del Congreso y los miembros de la Mesa --y superado el espectáculo que darán algunos diputados con las fórmulas de juramento tan inconstitucionales como estúpidas-- empezaremos a saber de verdad si las matemáticas les salen a unos y otros. Cada voto cuenta y los siete de Puigdemont más que todos. Luego viene el desfile de los portavoces ante el Rey Felipe para que éste se haga una idea de los apoyos con los que cuentan los posibles candidatos y designe a uno de ellos para la investidura.
 

El sistema parlamentario español no garantiza que quien gane las elecciones sea el candidato a la investidura sino quien tenga los apoyos suficientes. Hay, sin embargo, tres problemas. Uno, que el PP parece contar con 172 votos --los suyos, los de Vox y los de UPN y Coalición Canaria-- y el PSOE 171 --los suyos más los de Sumar, ERC, Bildu, BNG, PNV--, porque nadie sabe lo que hará Puigdemont con los suyos, si abstenerse o votar a favor de Sánchez. El segundo, que Bildu y Junts en su habitual línea de falta de respeto al jefe del Estado, no acudirán a La Zarzuela, con lo cual el Rey no sabrá de primera mano cuál será el sentido de su voto y tendrá que fiarse de lo que le dicen. Y tercero, que, sin duda alguna, el PSOE está negociando en estos momentos con cada uno de los posibles aliados --incluido un golpista, prófugo de la justicia, enemigo declarado del Estado español-- y sin ninguna transparencia, el precio a pagar. Muy alto, sin duda, pero que, seguramente, no será público. Lo que sí es seguro es que no habrá un pacto PSOE-PP que son los partidos en los que confía mayoritariamente la sociedad española, de acuerdo con lo votado el 23J.
 

El Estado de Derecho, el imperio de la ley, el respeto a la Constitución es la base de la democracia por encima de cualquier otra consideración. Y en la situación actual, un huido de la justicia que está pendiente de ser juzgado, un partido que declaró ilegalmente la independencia de un territorio español y otros partidos, igual de minoritarios, que defienden acabar con la Monarquía y la Constitución, tienen la llave de la gobernabilidad. Y hay un candidato que depende de “los votos valientes y patriotas”, como los calificaron en la aprobación de los Presupuestos, y que sólo puede seguir si dice sí a todo lo que le pidan. El acuerdo de la izquierda, el independentismo, el nacionalismo y los herederos de ETA ha llevado a una crisis que quieren convertir en sistémica forzando al límite la cohesión y la estabilidad constitucional, provocando una peligrosa inseguridad jurídica y un socavamiento de los cimientos del Estado social y democrático de Derecho en una España fragmentada y dividida.
 

El cortoplacismo reactivo que practican casi todos nuestros políticos --salvo los que avanzan lentos pero firmes en su estrategia de romper el Estado-- aumenta la debilidad institucional e impide impulsar un gran proyecto renovador, un sentido de pertenencia basado en valores universales e integradores. Hay que esperar los resultados y ver si “todos”, como dice la escritora Noemí Casquet, “pueden tener un orgasmo cósmico”, es decir, “una catarsis de orgasmos para entrar en un estado alterado de consciencia, con momentos de oscuridad total y de revivir traumas para acabar en una sensación brutal de amor, de sentirme conectada con absolutamente todo”. En la política, algunos pasan primero por el estado de alteración de la consciencia y por la oscuridad total y nada les garantiza que alcancen ni el orgasmo cósmico ni el otro, incluso aunque se sientan conectados con todos.