Al parecer, se puede apelar a la legalidad internacional en unos casos sí y en otros no. La posición del Gobierno de España contra la sanguinaria invasión rusa de Ucrania parte de la justa condena de la violación de esa legalidad que otorga seguridad jurídica, establecida por la naciones, a la integridad territorial de los pueblos y al derecho a trazar libremente su destino, pero su posición ante el conflicto del Sáhara, determinada hasta hoy por la mala conciencia de haber traicionado en su día al pueblo saharaui, ha girado de súbito hacia la aceptación de la quiebra de la legalidad internacional que supone la ocupación y anexión de su territorio por otro país, Marruecos, ejecutadas precisamente cuando entre España y el Sáhara se había iniciado con todas las bendiciones legales el proceso de descolonización.

Es la ONU, y no uno, quien establece los procedimientos y las garantías para la resolución de los conflictos internacionales, y aunque esa sociedad de naciones lleva tiempo pintando menos que un mojón, en lo cual sí que se parece a uno, siguen vigentes sus resoluciones sobre el Sáhara Occidental, que, básicamente, se resumen en una, la de la celebración de un referéndum de autodeterminación basado en un censo justo. Es la ONU, la única instancia que puede hacerlo, quien lo decreta, y el Gobierno de España acaba de ciscarse en esa única y unívoca legalidad abrazando la postura del estado invasor, que, como se sabe, ha venido actuando abiertamente contra ella. Fué Juan Carlos I, conviene recordarlo, quien con sus pactos secretos con EEUU consagró y rubricó el cobarde abandono de la que aún era provincia española a todos los efectos, mientras Franco daba sus últimas boqueadas. Los saharauis, invadidos de nuevo cuando ya vislumbraban su independencia, tuvieron que huir y exiliarse en un recóndito confín del desierto, si bien no dejaron nunca de luchar por su libertad aunque con armas de fortuna y abandonados y olvidados por la comunidad internacional, que, por lo demás, condenó a ese pueblo hermano a la sed perpetua y a sobrevivir malamente de la caridad, o de la solidaridad si preferimos llamarla así para quedarnos más tranquilos.

Ahora, el estado español remata la infame faena que inició en 1975 con la puntilla a ese pueblo del que se desentendió y dejó colgado en la arena. Cuando el Gobierno se explique, si es que vence la vergüenza y se explica, se conocerán las razones de su inicuo proceder, y puede que algunas de orden geoestratégico convenzan a alguien, pero lo que no convencerá nunca es el empeño en reeditar el deshonor.