El 22% de las viviendas en A Coruña están vacías. Más de 31.000. Reincorporarlas al mercado sería la verdadera solución al problema de los alquileres en la ciudad. Pero ninguna de las herramientas que teóricamente se han utilizado para conseguirlo ha funcionado. ¿Por qué en otros lugares sí y aquí no? Es un misterio. ¿Por qué piensan que la declaración de zona tensionada abaratará los pisos? ¿Porque ha funcionado en Barcelona? No me hagan reír.

Cada ciudad es un mundo. A Coruña no se parece a Barcelona, ni Barcelona a Sevilla, ni Sevilla a Bilbao. En realidad, las leyes nacionales de vivienda suelen pecar de sesgo capitalino (ya se sabe, “Madrid es España”) o se redactan en clave de grandes ciudades, con distribuciones residenciales y empresariales muy concretas y con invasiones turísticas que vacían los barrios de vecinos locales. 

Rara vez esas leyes son adecuadas para ciudades medianas o pequeñas. Tienen sus propias particularidades. Por eso, cada vez que un gobierno interviene en el mercado, me echo a temblar. No puedo evitar recordar los pisos de “renta antigua” franquistas. Aún quedan cientos de miles en España. Desde hace ahora un año, el gobierno ha definido un marco donde las otras administraciones pueden escoger entre el típico límite de precios o, en la práctica, no hacer nada. Porque aplicar medidas más complejas, que sí funcionan en otras ciudades del mundo, al parecer aquí no sirve de nada.

En Ámsterdam, por ejemplo, han implementado impuestos progresivos a las propiedades desocupadas. El impuesto sube cada año hasta que resulta más rentable alquilar o vender. Por si fuera poco, obligan a los propietarios a informar a la administración sobre la situación del inmueble con importantes multas si no lo hacen. En Irlanda, con su “Repair and Leasing Scheme”, conceden préstamos sin intereses para la renovación de viviendas vacías con la condición de alquilarlas a precios asequibles. En Los Ángeles transforman hoteles en viviendas permanentes porque es más rápido que construir desde cero. En Lisboa han destinado 800 millones hasta 2028 para construir 1.500 viviendas, renovar 2.000 apartamentos y apoyarse en tecnologías de la construcción que permiten montar casas modulares en un día. Hasta han organizado formación para que los promotores no cometan errores en sus procesos administrativos, que se han reducido y acelerado. 

Dirán ustedes que España es diferente. Cierto. Aunque hay programas como en Mataró, donde la administración intermedia entre propietarios e inquilinos y ofrece garantías de pago y apoyo en renovaciones a cambio de alquilar por debajo del precio de mercado. En el País Vasco, su plan de gestión de viviendas deshabitadas ha captado más de 6.800 pisos vacíos para alquiler con garantía del pago mensual al propietario por parte del gobierno. La Generalitat Valenciana ha creado un Registro de Viviendas Deshabitadas y multa a los propietarios que no movilicen sus inmuebles, con un recargo del 30% sobre el IBI aplicado a grandes tenedores con viviendas vacías. Y poco me parece.

A Coruña no es Ámsterdam, ni Los Ángeles. Tampoco es Barcelona. La zona tensionada, dicen, ha rebajado allí los precios un 3,7%. No es para tirar cohetes. Lo que ocurra aquí es una incógnita. Porque en estas tierras de nada han servido ni el plan Rexurbe, ni las ayudas para rehabilitación ni se ha expropiado a nadie. Y las viviendas vacías se han duplicado. Quizá porque la administración nunca se lo ha tomado en serio. Ahora A Coruña, Santiago y varios ayuntamientos españoles han solicitado la controvertida declaración. Es una medida fácil: tope a los precios. Pero sigue sonando a penalizar a los propietarios y que la administración sigue sin asumir sus responsabilidades. Si funciona, apenas se notará.