La mayoría de las universidades privadas tienen acreditada solvencia académica en  líneas de investigación y resultados que les otorgan estándares de calidad en la docencia y en la investigación. Cuentan con programas académicos rigurosos, profesores capacitados y un nivel de exigencia que cumplen los estudiantes.  

Son muchas las que ofrecen programas innovadores y especializados, no disponibles en las públicas, promoviendo la competitividad y el desarrollo de nuevas áreas del conocimiento, y todas son más flexibles para diseñar programas y adaptarse a las necesidades del mercado laboral cambiante, lo que favorece la empleabilidad de sus graduados.

Con este perfil, es un insulto que la vicepresidenta primera desacredite a toda la comunidad académica que conforman las 46 universidades privadas diciendo, entre otras burradas, que los hijos de los ricos “compran el título”, cuando lo obtienen tras  demostrar su rendimiento académico. En un arrebato de demagogia insulta a sus promotores, a los profesores y alumnos y a los padres que confían la formación de sus hijos a estas instituciones.

Entraña más gravedad aún lo dicho por el presidente del Gobierno que calificó a las universidades privadas como “chiringuitos educativos expendedoras de títulos, que no cumplen el nivel que cabe exigirle a la educación superior”. ¿Se refería el presidente al Colegio Universitario privado donde él estudió la carrera y a la universidad Camilo José Cela, privada, donde obtuvo el doctorado “daquela maneira?”. Un gallego retranqueiro interpelaría al presidente en tono sarcástico y divertido con el dicho tan galaico “¡Mira quen fala…!”.

Dicho esto, que nadie crea que la arremetida contra las universidades privadas es para buscar la calidad de estas instituciones. Dice Fernando Sabater, buen conocedor del sistema educativo, que “al sanchismo no le gustan las universidades privadas, no por sus ocasionales defectos que están a la vista (por ejemplo, el propio Sánchez) sino porque no las tiene colonizadas como hasta hace poco tenía a toda la pública”.

Añadan dos razones más de esta arremetida. Una, desviar la atención de los muchos casos judiciales que hay en el entorno del Gobierno. La segunda, confrontar con los presidentes de Andalucía y Madrid donde hay universidades privadas solventes que el Gobierno no controla.  

Dos notas finales. Es positivo que España cuente con universidades públicas y privadas. Representan mayor oferta de educación superior que beneficia a los estudiantes y al país en su conjunto.  

En segundo lugar, es fundamental que haya regulación y mecanismos de control para asegurar la calidad de la educación superior. En eso debería centrar sus esfuerzos el Gobierno, en garantizar la calidad de la enseñanza que debe ser el principal criterio para legislar sobre estas instituciones. Sean privadas o públicas.