La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha enviado un nuevo informe al magistrado Ángel Hurtado en el que acredita que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró todos sus mensajes de Whatsapp hasta en dos ocasiones, el 16 de octubre, el día que el juez abrió la investigación contra él.

El informe, analiza el tráfico de llamadas del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo, que es el plazo que investiga el juez, a partir de los dispositivos móviles incautados tras el registro de su despacho el pasado 30 de octubre.

La UCO señala que "no se han encontrado mensajes anteriores al 16 de octubre en la aplicación Whatsapp del dispositivo".

Y explica que "esa falta de mensajes se debe fundamentalmente al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones, siendo realizada esta acción hasta en dos ocasiones el indicado día 16 de octubre".

Se da la circunstancia de que el magistrado Ángel Hurtado abrió causa contra él ese mismo día por un presunto delito de revelación de secretos, relacionado con la filtración de información de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre su investigación por fraude fiscal.

El informe destaca asimismo que "la recuperación de datos de interés en copias de seguridad almacenadas en Google Drive no ha sido posible debido a la eliminación deliberada de la cuenta asociada a este servicio".
De hecho la cuenta personal del fiscal general, a la que llegaron los correos que se investigan en la causa la noche del 13 de marzo, "ha sido eliminada recientemente y quizá se pueda recuperar", sin precisar en qué fecha se eliminó dicha cuenta de correo.

La UCO ya certificó que el fiscal general había cambiado su dispositivo móvil el 23 de octubre, una semana después de que el juez abriera causa y una semana antes del registro de su despacho.

Por eso, dice la Guardia Civil "no es posible recuperar mensajes borrados anteriores al 16 de octubre puesto que nunca han existido en el dispositivo analizado", ya que éste es nuevo.

El fiscal general justificó el borrado ante el juez
En su interrogatorio ante el juez, defendió el borrado de los mensajes asegurando que él borra "absolutamente todo" y lo hace "de una manera regular" porque contiene "datos ultrasensibles". "Yo no puedo permitirme el lujo de abandonar, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tenga", señaló, sin citar, eso sí, cuando borró los mensajes de su móvil.

Detalló que borra "todo", pero "no solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar ni terminal como quiera, borro todo porque es una imposición legal, debemos borrar los datos de nuestros terminales, y no lo digo yo, lo dice el reglamento de protección de datos de la UE". También citó la Ley de Protección de Datos española, la instrucción 2/19 de la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia.

"No voy a exponer mis datos durante 6 días a la ligera", aseguró el fiscal general, que dijo que su cambio de móvil el 23 de octubre fue "bastante circunstancial" y descartó, eso sí, que con el borrado tratara de ocultar algo al juez.

No hay llamadas con Moncloa ni Ferraz
En cuanto a las llamadas, no existen comunicaciones con periodistas ni con nadie del Palacio de la Moncloa o Ferraz la noche del 13 de marzo, cuando El Mundo publicó que el fiscal ofrecía un pacto al letrado de la pareja de Ayuso, a partir de un correo enviado el día 12, cuando luego se demostró que era al contrario.
Tan solo registra una llamada de un periodista a las 21:38 horas, que no atendió, que es uno de los que aquella noche publicó información.

"En este sentido, es preciso señalar que, como se va a describir seguidamente, no existe ninguna llamada, ni intento de comunicación con este terminal del fiscal general del Estado, a excepción de ésta, fuera del ámbito de la Fiscalía durante toda la tarde/noche en la que se desarrollan estos acontecimientos, al menos por este medio".

El informe recoge llamadas con su mano derecha en la secretaría técnica, Diego Villafañe, quien también está imputado en la causa, el 11 de marzo, la víspera de que El Diario.es publique la denuncia contra González Amador, y con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, tanto el 13 como el 14 de marzo así como con Villafañe.

Por otra parte, el juez ha citado como testigo el próximo día 21 al decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, quien se reunió con el fiscal general el 15 de marzo, en una cita a la que también asistió la entonces presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, además de Pilar Rodríguez.