El Pleno del Congreso de los Diputados ha aceptado tramitar un cambio legal para obligar a las administraciones a detallar cuántas pymes acceden a concursos públicos, una medida dirigida a mejorar la calidad de la estadística para después tomar decisiones que ayuden a aumentar su peso en las adjudicaciones. 

La proposición presentada por el grupo socialista -que ha recibido el voto a favor de 275 diputados, 55 se han abstenido y no ha habido votos en contra- plantea concretamente una breve modificación de la Ley de 2013 sobre Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

En el texto, los socialistas apuntan que en España se calcula que las administraciones adjudican a microempresas (menos de 10 trabajadores) y pymes (entre 10 y 249 empleados) en torno a un 29 % de los concursos públicos, lejos de la media europea, que supera el 50 %. 

Además, han recordado que este tipo de firmas representan el 99,8 % del tejido empresarial español, lo que refleja que las grandes empresas se benefician en mayor medida de este tipo de concursos. 

Ninguno de los grupos ha rechazado la iniciativa, aunque la mayoría ha afeado a los socialistas su falta de ambición por tratarse de una reforma de la ley mínima, que apenas introduce un párrafo de medio centenar de palabras, y han defendido la necesidad de mejorar no sólo el diagnóstico del problema (a través de la estadística), sino de plantear soluciones. 

El diputado socialista Julio del Valle ha recordado que la proposición de ley surge a colación de una iniciativa aprobada en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo el pasado mes de junio dirigida a favorecer la participación de las pymes en la contratación pública ante “los requisitos desproporcionados” que se exigen en algunos concursos y que les impide presentarse. 

Para evitarlo, ha abogado por la “partición de grandes contratos en lotes, la reducción de las cargas administrativas a través de la declaración responsable y apostar por procedimientos simplificados”. 

El Grupo Popular ha votado a favor de tramitar el cambio legal para ayudar a que la información disponible mejore, pero su diputado Jesús Postigo ha insistido en que la modificación “sólo contribuye a conseguir datos estadísticos, no da ayudas concretas”. 

“Lo que más preocupa a las pymes en su relación con las administraciones es la falta de diligencia en el abono” de las tarifas, ha defendido el representante de Vox Emilio del Valle, quien ha lamentado no perseguir con sanciones la morosidad y el retraso en los pagos y ha acusado al Ejecutivo de ser el “más opaco de la historia de España”. 

Desde la bancada de Unidas Podemos, Txema Guijarro ha reconocido que la modificación “sabe a poco y se queda corta”, máxime cuando se utiliza “un procedimiento legislativo de gran calibre como es una proposición de ley”, por lo que ha exhortado a tomar más medidas, como prohibir el acceso a los concursos a empresas radicadas en paraísos fiscales. 

“Es una minucia esta iniciativa”, ha corroborado el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Joan Capdevila, quien ha exigido que esa mejora estadística permita posteriormente “articular acciones” concretas para suprimir “trabas” y revertir así “el dominio de las empresas del palco del Bernabéu” -en alusión al estadio del Real Madrid- en los concursos. 

El portavoz del PdeCat, Ferran Bel, ha incidido en que las pymes afrontan tras la pandemia “un grave problema de tesorería provocado muchas veces porque se les pagan en plazos que no son asumibles”, y ha apostado por tomar cartas en el asunto. 

“Quieren hacer estadística del problema pero no proponen soluciones, aportan diagnóstico pero ninguna solución”, ha criticado el diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas. 

Por su parte, desde el PNV Idoia Sagastizabala ha admitido que los datos actuales sobre contratación pública “no ofrecen el detalle necesario”, mientras que el diputado de UPN Carlos García Adanero ha considerado demagógico que se cambie una ley de transparencia cuando el Gobierno se muestra opaco a la hora de dar información sobre gastos como el del avión Falcon. 

Durante sus intervenciones, varios diputados han hecho mención a las próximas elecciones en Castilla y León pese a no tener relación con la proposición, lo que ha sido criticado por algunos grupos.