El Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo ha acordado abrir juicio oral contra el feriante acusado de practicar tocamientos a 22 chicas, todas menos una menores de edad, en Gallarta (Vizcaya) por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años y otro continuado de agresión sexual.

En el auto, dictado el pasado 18 de octubre y dado a conocer este viernes, se ha ratificado además la decisión de mantener en prisión provisional al acusado y se ha determinado que el órgano competente para enjuiciar estos hechos es la Audiencia Provincial de Vizcaya, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El presunto autor de estos hechos, que se encuentra en prisión provisional desde el pasado 19 de junio, fue detenido con ocasión de las fiestas de Gallarta. El individuo, aprovechando que tenía que colocar el mecanismo de cierre de una atracción de feria, habría realizado de forma reiterada tocamientos no consentidos en la zona genital a 22 chicas, todas, menos una, menores de edad.

Según recoge el auto, el Ministerio Fiscal le acusa en su escrito de un delito de agresión sexual a menor de 16 años, por el que pide una pena de 5 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho a sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

También pide libertada vigilada durante un periodo de 5 años, e inhabilitación especial para cualquier profesión o actividad que conlleven contrato regular y directo con personas menores de edad durante cuatro años, así como el abono de las costas procesales.

Del mismo modo le acusa de un delito continuado de agresión sexual por el que solicita una pena de cuatro años de prisión inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de condena, así como la pena de libertada vigilada durante un periodo de cinco años.

La Fiscalía también solicita, de conformidad con el artículo 89.2 del Código Penal, que se sustituya las penas de prisión por la medida de expulsión del territorio nacional cuando el procesado cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional.

Por su parte, la acusación particular reclama 6 años de cárcel y 5 de libertad vigilada por los delitos de agresión sexual a menores de 16 años y otros tantos por delitos continuados de agresión sexual. Además, reclama que se prohíba al procesado aproximarse a menos de 500 metros a las víctimas y la inhabilitación para trabajar con menores.

Por otro lado, solicita 4 años de prisión y 5 de libertad vigilada por delitos de agresión sexual y otro tanto de por delito continuado, además de la prohibición durante cinco años de aproximarse a las perjudicadas, a sus domicilios, lugares de estudio o lugares en los que se encuentren o frecuenten, a menos de 500 metros, así como comunicarse con ellas mediante cualquier medio o procedimiento. Por último, se solicita una indemnización de 5.000 euros para cada víctima.