La convocatoria de elecciones anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el 23 de julio, tendrá que leyes como la de familias, servicios sociales, trata o proxenetismo, no vayan a poder seguir siendo tramitadas.

La ley de familias, que fue aprobada definitivamente en Consejo de Ministros hace dos meses era una de las apuestas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra.

Hace dos semanas, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, explicó que aún estaban “negociando” la norma y que, por ello, habían tenido que prorrogar el plazo de enmiendas. Grupos políticos como Vox, PNV y PDeCAT registraron enmiendas a la totalidad, y ERC avisó de que no apoyarían el texto mientras invadiera competencias autonómicas. La ley de Belarra también despertó las críticas de las familias numerosas que, el 11 de mayo, entregaron en el Congreso 72.528 firmas en contra de la desaparición del título de familia numerosa.

Repaso legislativo

Derechos Sociales también ve cómo se quedará en el aire la que podría haber sido la primera ley de servicios sociales de la democracia, con la que se pretendían establecer unos servicios y prestaciones mínimas para todo el territorio español. En concreto, la norma establecía que las comunidades deberían acordar en el seno del Consejo Territorial, un mínimo común de servicios básicos para todo el territorio nacional, incluyendo las ratios de profesionales, para fomentar la igualdad en el territorio, entre otras medidas.

El Gobierno no podrá culminar tampoco la tramitación de la ley de Trata impulsada por el Ministerio de Justicia y que el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta en noviembre de 2022. Este texto recoge medidas y reformas en el Código Penal para abordar, según explicó la ministra, Pilar Llop, “de manera integral todas las formas de explotación”, incluida la laboral e incidir “en la desincentivación de la demanda” para “desarticular” las redes de explotación.

Esta norma provocó diferencias entre los socios de Gobierno ya que, antes de su presentación por parte de Justicia, el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, ya había anunciado su intención de presentar una norma sobre este tema.

Justicia también verá frustrada su intención de aprobar una norma que modifique el procedimiento de determinación de la edad de los menores migrantes. 

Otra iniciativa que acaba ahora su camino hacia la aprobación es la ley del PSOE para prohibir el proxenetismo en todas sus formas.

Tampoco llegarán a tiempo la Ley de Representación Paritaria, aprobada la semana pasada en Consejo de Ministros, ni la de desperdicio alimentario, la de enseñanzas artísticas o la de movilidad sostenible. Un total de 60 propuestas decaerán con la disolución de las Cortes.