El Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana pidió con urgencia un decreto ley que aclare cómo se deben recoger las consecuencias de DANA a efectos tributarios, desde las pérdidas personales y de las empresas hasta las ayudas y donaciones, según informó la entidad.

La presidenta del Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana, Lola Mor, recalcó al respecto: “No podemos permitir que una ola de solidaridad acabe generando problemas tributarios, ni a los colectivos que de manera altruista deciden ayudar, ni a los que ya han sufrido daños y requieren ahora mismo de todo nuestro apoyo y facilidades”.

En este sentido, consideran que “la situación excepcional requiere de un marco normativo claro que sea lo más favorable posible para los colectivos afectados”, y que “especifique cómo se debe contabilizar y registrar cada movimiento para evitar confusiones y complejidades en el proceso fiscal”.

Así, una de las cuestiones que “más preocupa” al colectivo de auditores es la gestión de las ayudas y donaciones que se pusieron en marcha en el marco específico de la DANA, y exigen que se aclare cuál es su tratamiento fiscal en este nuevo decreto ley.

Regulación específica

Por ello, requieren una regulación específica que aclare el tratamiento del IVA y del IRPF, pero también de todas las situaciones excepcionales que se han puesto en marcha y que tan solo se entienden en el contexto de la DANA como, por ejemplo, las donaciones de maquinaria, las colaboraciones empresariales o las ayudas tanto económicas como en especie. “Estamos hablando de cuestiones de fuerza mayor que deberían tener su propio tratamiento fiscal, porque todas estas acciones tan solo se entienden en el contexto de la DANA”, consideró Mor.

En este sentido, el Colegio de Auditores también puso como ejemplo las ayudas que las empresas están dando a sus propios empleados, ya sea en adelantos de sueldo, ayudas directas o apoyo material.

 “Ahora mismo, estas ayudas se podrían interpretar como gasto o como donación, y por eso necesitamos un marco regulatorio que lo aclare para homogeneizar todos los procesos, siempre teniendo en cuenta el beneficio superior de los afectados”, ha continuado en este sentido.

“Lo que ahora mismo necesitan las personas y entidades que han sufrido los daños de la DANA es claridad y agilidad en los procesos y sobre todo, tener seguridad fiscal para que las pérdidas no puedan seguir generando problemas en el futuro, o las ayudas acaben teniendo un retorno negativo por la falta de regulación”, defendió Mor. 

Por ello, reclamó que el decreto ley se apruebe antes del cierre de año para recoger el ejercicio en el que se han dado los hechos. “Nuestra principal preocupación es que toda la ayuda se centre en la reconstrucción y recuperación de los afectados, y para eso hace falta seguridad”, finalizó.