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lunes | 10 marzo | 2025
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este domingo que la reforma que presentará su equipo el martes 11 para acelerar las expulsiones de migrantes irregulares llegados a territorio europeo incluirá la figura de una “Orden Europea de Retorno” y otras medidas como la prohibición de entrada en la UE para aquellos que sean deportados a la fuerza.
El Colegio de Comisarios adoptará el martes en Estrasburgo (Francia) la propuesta de reforma de la que apenas trascendieron detalles y que después deberá ser negociada entre los Veintisiete y el Parlamento Europeo para adoptar su forma definitiva como ley.
La política alemana avisó de que la reforma es un “elemento clave” para que funcione el Pacto de Migración y Asilo ya aprobado y puso en valor la importancia de contar con un “verdadero sistema europeo para los retornos”, por lo que la UE defenderá una reforma legal que ofrezca “reglas simples y claras” que “eviten las fugas y facilite la vuelta de nacionales de terceros países que no tienen derecho a quedarse”.
En una rueda de prensa con motivo de los primeros 100 días de mandato que su nuevo Ejecutivo cumplirá mañana, Von der Leyen dijo desde Bruselas que la propuesta incluirá “una nueva Orden Europea de Retorno” –cuyas claves no detalló– y que abordará la necesidad del reconocimiento mutuo de las decisiones de expulsión dictadas por los Estados miembro.
“A aquellos que sean retornados por la fuerza se les prohibirá la entrada. Y seremos más estrictos con aquellos que representen un riesgo para la seguridad”, expuso la jefa del Ejecutivo comunitario, quien prometió que la reforma permitirá al bloque ser “asertivo” pero “asegurando también que actuamos en pleno respeto de nuestras obligaciones bajo el Derecho internacional y los Derechos Fundamentales”.
Con todo, la presidenta de la Comisión Europea evitó toda referencia a uno de los elementos más polémicos de la reforma; la creación de centros de detención en países terceros para transferir a los migrantes sin derecho a asilo mientras se termina de tramitar su expulsión de la UE.
En diciembre, Von der Leyen confirmó en una carta a los jefes de Estado y de Gobierno europeos que sus servicios buscarían la “mejor manera de introducir en el marco jurídico” el establecimiento de los hubs en países terceros, teniendo en cuenta su dimensión legal y la operativa y financiera, “respetando los Derechos fundamentales”.
Sin embargo, ni Von der Leyen ayer ni el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, el pasado miércoles cuando adelantó la fecha de la presentación de la propuesta, hicieron ninguna referencia a los controvertidos centros que un gran número de países del bloque defienden como una “idea innovadora” para agilizar las deportaciones, pese a las reservas de otros que, como España, no ven con buenos ojos la externalización a países terceros de las expulsiones.
El pasado miércoles, Brunner defendió que es “simplemente inaceptable” que “solo uno de cada cinco” personas a las que se ordena abandonar territorio comunitario “finalmente lo haga” y subrayó la urgencia de reformar el marco legal comunitario.
El político austriaco avanzó que la propuesta legislativa que pondrá sobre la mesa incluirá la “obligación de los retornados a cooperar” o enfrentar “consecuencias”, así como medidas severas para acelerar la deportación de migrantes que supongan una “amenaza” para la seguridad.
La propuesta no incluirá, otra de las claves necesarias para superar las dificultades que encuentran los gobiernos europeos a la hora de expulsar a los migrantes irregulares y que requiere contar con una lista de países “seguros” a los que poder transferir a los deportados.
