El juicio en el que la Junta de Andalucía reclama casi 90 millones de euros a la empresa sueca Boliden por los daños ocasionados en el vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar en abril de 1998 ha comenzado pasadas las 10,25 horas con el testimonio de Juan Antonio López, exaltocargo de la Junta.

Con una gran expectación mediática, el juicio ha comenzado con cierto retraso respecto a la hora prevista, en una primera jornada en la que se producirá la declaracion de tres personas.

El juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla inicia desde este martes un juicio que continuará los días 6, 11 y 13 de julio y contará con la declaración de doce testigos y un perito propuesto por las tres empresas que forman parte de Boliden (Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV), todas ellas demandadas.

Después de que en la vista previa, celebrada en septiembre de 2022 no se llegara a un acuerdo, las partes llegan a este juicio, presidido por el magistrado José Manuel Martínez, presentando las pruebas correspondientes y defendiendo sus posturas en el conflicto, en el que la Junta reclama 89.867.545 euros a la empresa minera.

Los abogados de la Administración autonómica sostuvieron que están legitimados y que tienen la "obligación legal" de reclamar esta cantidad de acuerdo con el artículo 81 la Ley de Minas, mientras la empresa asegura que la Junta se gastó la mitad del dinero que reclama en "un corredor verde" y no en paliar las consecuencias del vertido.

La representación legal de la Junta argumenta que con la fractura de la balsa del complejo minero se vertieron cinco millones de metros cúbicos de lodo que llegaron al entorno de Doñana, hubo 37 toneladas de peces muertos y se vieron afectadas 4.400 hectáreas, por lo que reclama casi 90 millones de euros por la limpieza.

Por su parte, la empresa defiende que la Junta autorizó en 1996 el recrecimiento de la balsa que posteriormente se rompió y que Boliden retiró los lodos "de forma voluntaria", algo que les costó 80 millones de euros y que no fue cubierto por el seguro, y que en 1998 no había norma que obligara a las compañías a responder por el daño medioambiental.

La reclamación de la factura al grupo sueco que explotaba la mina entonces lleva casi 25 años en un "peregrinaje judicial" -así lo definió el Supremo- que en 2015 volvió al punto de partida.

La vía penal -por la que un juzgado de Sanlúcar la Mayor llegó a imputar a una veintena de técnicos de Boliden, la Junta y el Ministerio de Medio Ambiente- fue archivada en el año 2000 y ratificada en 2001 por la Audiencia de Sevilla, por lo que la Junta optó por la vía civil, todo ello después de que la Sala de Conflictos de Competencias del Supremo decidiera que no era tampoco asunto de lo contencioso administrativo.

Concretamente, en 2004 el Consejo de Gobierno acordó imponer a Boliden una multa por los 89 millones para poder exigirla por la vía contencioso-administrativa, pero el grupo minero recurrió y tanto el TSJA (en 2007) como el Supremo (2011) le dieron la razón, de forma que volvió al juzgado de lo civil 11 de Sevilla.

La riada tóxica afectó a 4.634 hectáreas, avanzó más de 60 kilómetros y fue frenada tres días más tarde, en Entremuros, donde se levantó un dique para evitar la entrada en Doñana del vertido.

Las actuaciones de la Junta de Andalucía y del Gobierno central para recuperar la zona pasaron por la retirada de lodos, expropiaciones forzosas, control e impermeabilización de la Marisma de Doñana, asistencia técnica, estudio de descontaminación, actuaciones de restauración ambiental y de riberas del río Guadiamar y control de aguas subterráneas.