Los Mossos d’Esquadra desarticularon el pasado 8 de julio un grupo criminal que se dedicaba a añadir cannabis a chucherías, chocolatinas y otros alimentos en un laboratorio ilegal en Badalona (Barcelona) para luego distribuirlos y venderlos a sus clientes, en un operativo que se saldó con cinco detenidos.

Así lo han explicado en una rueda de prensa este jueves en la comisaría de Les Corts de Barcelona el jefe de la unidad central de consumo de la División de Investigación Criminal (DIC), el sargento Santi López, y el director general de Asociación por la Defensa de la Marca (ANDEMA), Gerard Guiu.

La investigación comenzó en enero de 2024, cuando la policía catalana tuvo conocimiento de la posible existencia de un local que se usaba como obrador para fabricar y vender productos alimentarios con D-9-tetrahidrocannabinol (THC), el principal compuesto psicoactivo del cannabis, en Badalona.

Los agentes de la Unidad Central de Consumo de la policía autonómica comprobaron que en el establecimiento había un constante movimiento de personas, que entraban y salían del local, y que iban cambiando de forma periódica.

Al final de la jornada laboral, las mismas personas salían del establecimiento cargadas con cajas de cartón precintadas para seguidamente subir a un taxi y repartir los pedidos a nivel local, o bien para llevarlas a una compañía de transportes y hacer envíos internacionales.

Para constatar la presencia de un elevado contenido de THC, los investigadores trasladaron algunas muestras al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona, que corroboró la presencia de este compuesto con unos niveles que podían suponer un riesgo para la salud.

En el marco de la operación, los Mossos llevaron a cabo un total de seis entradas y registros, entre ellas, en el obrador sospechoso de Barcelona y en tres asociaciones cannábicas de Barcelona, y también en Granollers y Cunit.

Como consecuencia, los Mossos detuvieron a cinco personas, que quedaron en libertad provisional tras pasar a disposición judicial el pasado 10 de julio.

Sobre su ‘modus operandi’, el grupo desarticulado compraba múltiples tipos de productos alimentarios -tanto dulces como salados- elaborados por reconocidas marcas, a los que después le añadían el THC a partir de varios métodos.

El proceso de infusión del cannabis dependía de las características de cada producto, puesto que el THC podía inyectarse directamente en el alimento o embadurnarse sobre él para luego secar el tentempié adulterado en un horno.

Cuando tenían el producto adulterado, cuyo envase final indicaba que el producto llevaba cannabis aunque mantenía el logotipo y el diseño identificativos de la marca original, lo distribuían tanto a nivel local como internacional, concretamente a Francia, Italia y Alemania.

“Una vez manufacturado y vuelto a empaquetar, introducían su sello: es muy fácil identificar que el producto no es el original”, ha manifestado el sargento.

El policía ha detallado que el público objetivo de estos productos no eran los niños ni el mercado en general, sino consumidores de marihuana, y también han indicado que es difícil de cuantificar la cantidad que producía el grupo, porque siempre llevaba a cabo sus pedidos bajo demanda.

Los productos, cuyo catálogo se distribuía por una conocida aplicación de mensajería instantánea, solo podían pagarse a través de criptomonedas, por el que los investigadores llegaron a ver movimientos de hasta 480.000 dólares.

Sobre las diferencias entre el consumo de cannabis fumado o ingerido, el sargento ha manifestado que en el segundo caso tarda más tiempo en hacer efecto, lo que implica que si la persona no nota ningún efecto, pueda seguir comiendo.

Por su parte, el secretario general de ANDEMA ha lanzado un mensaje “de máxima tranquilidad”, al asegurar que este tipo de productos van dirigidos a un público muy concreto y que no pueden encontrarse en las tiendas, aunque nunca está de más comprobar que el producto “no esté alterado”.