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sábado | 27 julio | 2024
España defiende ante las Naciones Unidas (ONU) que la superficie del país es casi el doble de la actual, si a su territorio emergido se suman los cerca de 500.000 kilómetros cuadrados de la plataforma continental sumergida en el océano que considera que le pertenecen.
La “batalla” por esta “anexión” de territorio se libra tras años de expediciones y estudios por parte, entre otros, de expertos del Instituto Hidrográfico de la Marina, integrado en la Fuerza de Acción Marítima de la Flota de la Armada Española y también de técnicos del Instituto Español de la Oceanografía y del Instituto Geológico y Minero de España, porque en esta “conquista” de territorio la única “artillería” que se precisa es la científica.
España no es el único país que se reclama su plataforma continental sumergida, ya que en la actualidad la ONU tiene sobre la mesa más de 60 solicitudes.
Estos procesos se iniciaron a raíz de que en los años 80 la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar incluyera en su artículo 76 que los países ribereños tenían derecho a reclamar una ampliación de las 200 millas náuticas que históricamente les corresponden desde su línea de costa como Zona Económica Exclusiva.
Esa ampliación se podía disputar “siempre y cuando se demostrase científica y técnicamente que el territorio sumergido es una prolongación natural del emergido”, como explicó el capitán Luis Miguel Rioja, que junto a Juan Luis Sánchez, ingeniero técnico de arsenales, y Eduardo Pol, cabo primero hidrógrafo, integran el equipo del Instituto Hidrográfico de la Marina implicado en este trabajo.
El artículo 77 precisaba que los derechos de un país sobre ese territorio, que podría extenderse hasta un límite de 150 millas náuticas más, serían de exploración, conservación y explotación del suelo y el subsuelo marino. Por tanto, a diferencia de las primeras 200 millas náuticas que constituyen la Zona Económica Exclusiva, no se incluyen en esta extensión los derechos de explotación de los recursos del agua, como la pesca.
En 1999 la ONU publicó las guías técnicas que permitirían a los Estados saber cómo se debía acreditar la superficie sumergida que quería reclamar y concedió un plazo de diez años para que presentaran sus solicitudes. Ante la cantidad de reclamaciones, tuvo que prorrogar el plazo.
Durante estos años España presentó tres solicitudes de ampliación de extensión. Una de ellas, denominada FISU, es una superficie de 79.000 kilómetros cuadrados, que está aprobada desde el 2009 y que debe repartirse entre España, Irlanda, Francia y Reino Unido.
En 2009 España presentó la propuesta para anexionarse entre 45.000 y 50.000 kilómetros cuadrados al norte de Galicia. De esta superficie, la ONU preaprobó unos 20.000 kilómetros aproximadamente, incluido el monte de Fisterra. Pero los expertos del Instituto Hidrográfico de la Marina creen que tienen datos para acreditar la ampliación hasta los 45.000 o 50.000.
En febrero, el equipo viajará a la sede en Nueva York de la ONU para defender esta plataforma continental, por lo que “dentro de uno o dos años lo podríamos tener aprobado”.
En estudio está la tercera solicitud, unos 296.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental sumergida al oeste de Canarias y cuya reclamación se formalizó en 2014. Las tres solicitudes, equivaldrían casi a 500.000 kilómetros cuadrados, casi la misma superficie que España tiene emergida. “Hoy en día es prácticamente imposible explotar nada a esas profundidades”, explicó el capitán.
Se trata de un talud, en el que, por ejemplo, en el área de Galicia, se sospecha que podría haber gas o yacimientos de manganeso o telurio u otros recursos. “Ahora todo está más enfocado a la conservación que a la explotación”, afirmó el capitán todo siguiendo lo establecido en las normativas europea y española. Pero “eso no quita que tengamos los derechos, y que en un futuro se pueda explotar” este suelo y subsuelo marino, opinó el capitán.
