La Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior recibió 163.218 solicitudes de protección internacional en 2023, un 37% más que el año anterior y la mayor cifra registrada desde que se creó el órgano, en 1992.

Son los datos provisionales cerrados a 31 de diciembre que publicó ayer el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y que sitúan a España como el tercer país receptor de protección internacional dentro de la Unión Europea.

Tres países concentran el 78,6% de los expedientes registrados: Venezuela, con 60.534 peticiones, supone el 37% del total, y le siguen Colombia, con 53.564 solicitudes, y Perú, con 14.306. 

Por lugar de recepción, Madrid encabeza la lista con más solicitudes, con 52.684, seguida por Andalucía (25.948) y Cataluña (14.775).

Estatuto de refugiado

Interior resolvió en 2023  un total de 92.963 expedientes de protección internacional, lo que supone un incremento del 1,8% respecto al año anterior. Además, se han concedido en total en este período 7.521 estatutos de refugiado, cifra también récord hasta la fecha y que supone un 26,5% de todos los otorgados por la Oficina de Asilo y Refugio desde 2012.

Las nacionalidades a las que más se les ha concedido son las de Afganistán, Siria, Nicaragua, Colombia y Honduras. 

En 2023 se tramitó la protección subsidiaria para 3.850 personas, principalmente procedentes de Mali, y a 41.478 ciudadanos, en su mayor parte venezolanos, les ha sido concedido el permiso de residencia y trabajo por razones humanitarias. 

Según estas cifras, la tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado y de protección subsidiaria se sitúa en un 12,23% y la de protección internacional, en un 56,85%.

Desplazados de Ucrania

Según informó el Ministerio del Interior, su Oficina de Asilo y Refugio concedió en 2023 el régimen de protección temporal a 33.928 personas, lo que eleva a casi 195.000 el número de ciudadanos desplazados por la invasión de Rusia a Ucrania que están amparados por esta figura en España.

 El Gobierno puso en marcha este procedimiento de urgencia en marzo de 2022 y entregó la primera resolución de concesión el día 11 de ese mismo mes, en cumplimiento del acuerdo de la Unión Europea que autorizaba, por primera vez, la aplicación de la Directiva de Protección Temporal.

A lo largo de este año que acaba de terminar también se han presentado 953 solicitudes para el reconocimiento del estatuto de apátrida y se han resuelto 1.022 expedientes relativos a este procedimiento, dirigido a identificar a las personas que no son consideradas como nacionales por ningún Estado y manifiestan carecer de nacionalidad.