12º-13º
martes | 24 diciembre | 2024
Los fiscales en los casos de violencia de género pedirán medidas cautelares para reducir el riesgo para las mujeres y sus hijos, aunque las víctimas no las soliciten, y la instalación de dispositivos telemáticos en situaciones de riesgo extremo, alto o medio de especial relevancia si no se solicitó prisión.
Son algunas de las instrucciones que remitió la Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, a los fiscales delegados de Violencia de Género de toda España para coordinar actuaciones destinadas a mejorar la protección de las víctimas.
En el escrito, Peramato reclamó a los fiscales que intervienen en las guardias de violencia de género “intensificar la actuación proactiva” de cara a la protección de las víctimas, solicitando cuando proceda, y aunque ellas no lo interesen, las medidas cautelares necesarias para evitar el riesgo de reiteración de conductas violentas y de feminicidio.
Así, tras valorar toda la información de los registros policiales (VioGén), de Justicia (Siraj) y otros, los fiscales deberán solicitar las diligencias necesarias para determinar el riesgo con mayor exactitud, en concreto, la valoración forense del mismo.
Recordó que, para analizar la posibilidad de pedir prisión preventiva, se debe tener en cuenta la prueba “que sea necesaria y trascendental y que pueda practicarse en el plazo de las 72 horas”. En las situaciones en las que no se pida prisión, pero exista riesgo “Extremo”, “Alto” o “Medio de especial relevancia” el Ministerio Público reclamará el dispositivo telemático de detección de la proximidad. Si en el curso del procedimiento se agravara la situación de riesgo y no se acordase la prisión provisional se solicitará también la instalación del dispositivo. Cuidarán de que esta petición se lleve al escrito de acusación provisional o al elevar las conclusiones a definitivas a fin de controlar con el dispositivo el cumplimiento de la prohibición de aproximación si hay sentencia condenatoria.
Teramato explicó que en el 42,85% de los feminicidios ocurridos en 2022 había denuncias previas y solo en seis ocasiones se acordó la orden de protección y en otras cuatro ocasiones se dictó sentencia condenatoria (en dos ocasiones estaba vigente la prohibición de aproximación).
Según los datos del CGPJ del tercer trimestre de 2022, la proporción de solicitudes de órdenes de protección en relación con las denuncias es del 20% (10.302 solicitudes frente a 49.479 denuncias) y las acordadas fueron el 66,7% de las solicitadas (6.873), por lo que en relación al total de denuncias interpuestas solo se acordó protección en un 13,9% de los supuestos denunciados.
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá el 23 de enero para analizar el incremento de asesinatos machistas y estudiar propuestas para mejorar la coordinación entre las instituciones y aumentar la protección a las víctimas.
La presidenta, Ángeles Carmona, decidió adelantar la reunión, fijada para febrero, para que las instituciones que lo integran realicen propuestas y avancen en la coordinación y aumentar el la protección de las víctimas.
La reunión sucede después de que el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, pidiera una reunión urgente ante el repunte de asesinatos machistas para responder a la “grave vulneración de los derechos humanos” que supone.
