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miércoles | 17 julio | 2024
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, advirtió de que denunciará a la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional (TC) si no retira la proposición de ley de ampliación de regadíos en Doñana. En una rueda de prensa ayer en el Ministerio para la Transición Ecológica, la ministra hizo estas declaraciones en medio de la polémica por la iniciativa para ampliar los regadíos en la corona norte de Doñana presentada por el PP y Vox.
La ministra pidió al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que retire el texto para que “se imponga el sentido común”, porque no se van “a negociar ilegalidades: No caben enmiendas, solo cabe la devolución íntegra de esta ley al sitio del que no debió salir nunca jamás, en beneficio de los españoles, que es la papelera”. Si la Junta sigue adelante con su proposición de ley, Ribera hizo hincapié en que se acudirá “al Tribunal Constitucional”.
También, habría que pensar en el supuesto de que hubiera multas “fuertes y privadas” y cómo se trasladaría esa multa coercitiva, porque “alguien debería pagarla y la amenaza es real, cierta como ha dejado por escrito y claramente en la reunión, el comisario europeo”.
“No se trata de un asunto discutible ni sujeto a interpretación”, incidió Ribera refiriéndose a la postura de la Comisión Europea (CE), y exigió a la Junta que deje de reclamar diálogo pues “no se puede dialogar sobre la base de la ilegalidad”. “Salvar Doñana depende de todos, pero cada cual tiene su responsabilidad”, alegó Ribera, para concluir con otra petición al Gobierno de Moreno: “Dejen por favor de aliarse con Vox y vuelvan a pensar en la legalidad europea”.
La ministra destacó la situación de estrés hídrico que padece el Parque de Doñana, y aseveró que “donde no hay agua, donde está ya comprometida en un plan hidrológico del Guadalquivir sobre el que la Junta de Andalucía no hizo el menor comentario ni la menor alegación, no es posible inventar más agua”.
Por su parte, el portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, aseguró ayer que proteger Doñana es “compatible” con proteger la actividad económica de los cerca de mil agricultores y familias de la zona.
Además, indicó que la Unión Europea no se puede pronunciar sobre el proyecto de ley de regadíos hasta que no termine su tramitación en el Parlamento andaluz. “Lo que dice la UE es que no se puede pronunciar todavía sobre este proyecto de ley hasta que no termine su tramitación y cuando lo haga, cotejará con la sentencia de la UE del año 2014 que afecta a unas decisiones que tomó la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE”, declaró Sémper al ser preguntado qué hará el PP en caso de que la Bruselas diga que el plan del Gobierno andaluz no cumple la ley para salvaguardar el parque nacional.
Sémper aseguró que su partido “sigue pensando lo mismo: Doñana no se toca, se protege”. “Estoy convencido de que el Gobierno de Andalucía será capaz de contárselo así y de hacer que la UE así lo interprete”, afirmó.
La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, indicó ayer que el problema con la proposición de ley de la Junta es que se está “en manos de un Gobierno negacionista” que no adopta sus decisiones a partir de estudios científicos.
“Lo que hay que hacer en Doñana está avalado por el CSIC y por las autoridades científicas, y sin embargo el Gobierno (andaluz) va por otro lado”, manifestó Nieto. “Toda la zona se ha metido en una espiral perversa. Si cae el parque va a caer la agricultura del Condado, la legal y la ilegal. Pero es que también se va a ver afectado el turismo. Por tanto, toda la actividad económica de esa zona depende de que se haga un uso del agua correcto y adecuado”, argumentó la portavoz.
La Comisión Europea (CE) cargó ayer en una reunión con la Junta de Andalucía en Bruselas contra el proyecto de ley de regadío en Doñana, que va “en sentido contrario” a la obligación de proteger el Parque Natural y “podría degradar el humedal”.
“El comisario (de Medio ambiente, Virginius Sinkevicius) recordó que la CE está profundamente preocupada porque la legislación andaluza planteada, podría degradar el humedal protegido”, indicó un portavoz comunitario.
El consejero andaluz de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, declaró que el comisario le expresó la preocupación por el cumplimiento de la sentencia” del Tribunal de Justicia de la UE de 2021 que obliga a España a proteger el parque y que se había “comprometido a evaluar todo los argumentos” del Gobierno andaluz. No mencionó, sin embargo, que Sinkevicius criticó abiertamente el proyecto de ley.
