El Consejo de Ministros aprobó ayer la concesión de una subvención de 50 millones de euros para la gestión en Canarias de la acogida de los menores migrantes que tutela esa comunidad.

La portavoz en funciones del Gobierno, Isabel Rodríguez, explicó en la rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Ministros, la aprobación de esta medida, anunciada por el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, el 19 de octubre durante una visita institucional a El Hierro, a la que llegaron más de 5.000 personas en cayuco en lo que va de año.

Rodríguez señaló que esta subvención se concretará con la firma de un convenio para canalizarla en tres objetivos: atender a los menores en los centros gestionados por la comunidad que tiene su tutela, mejorar la inserción sociolaboral de los extutelados y acciones en el país de origen para prevenir la migración irregular. Esa subvención “permitirá cubrir los gastos hasta el 31 de diciembre de 2024”, señaló la portavoz gubernamental, quien recordó que este acuerdo ya se adoptó el pasado año para la gestión de la migración y la atención de menores.

“Las crisis migratorias afectan a nuestro país y a toda Europa”, aseveró Rodríguez y destacó que “el Gobierno sigue adoptando decisiones importantes, en este caso en relación con la colaboración con las comunidades y especialmente con Canarias”.

En este ámbito, el Gobierno amplió el contrato con la empresa pública Tragsa hasta 24 de abril de 2024 para cubrir “los servicios especiales y singulares” en la mejora de la atención a las llegadas de migrantes, con un desembolso de 14,5 millones que complementa esa gestión en las islas.

Emergencia humanitaria

Mientras, el viceconsejero canario de Bienestar Social, Francisco Candil, pidió que los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España que no se repartieron aún entre las comunidades se destinen a la “emergencia humanitaria” por la continua llegada de menores migrantes.
“Hay que plantear que la distribución de los fondos que no podrán ser ejecutados a tiempo se distribuyan entre aquellas administraciones que tengan capacidad para ejecutarlos, como es el caso de Canarias”, destacó.

Candil recordó que el Gobierno isleño tutela en la actualidad alrededor de 4.000 menores migrantes no acompañados y se prevé que sigan llegando.

La Consejería de Bienestar Social, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, aprobó una orden de emergencia social desde el pasado 1 de agosto y procedió a la apertura de nuevos dispositivos para la acogida y atención de menores.

Candil incidió en que Canarias es frontera sur de Europa, por lo que las autoridades europeas deben implicarse más en la situación de emergencia que se vive en el archipiélago.