La Guardia Civil en La Rioja ha investigado a una menor de 14 años como presunta autora de un delito de desórdenes públicos tras llamar al teléfono de urgencias y emergencias 112 y decir que había colocado una bomba en el Instituto de Educación Secundaria Gonzalo de Berceo de la localidad riojana de Rincón de Soto.

La investigación se inició hacia las 8:20 horas de este lunes, cuando la Guardia Civil recibió un aviso del 112 en el que se comunicaba que una persona había realizado una llamada, con la utilización de un distorsionador de voz, para advertir de la colocación de un artefacto explosivo en el interior del instituto.

La investigación ha identificado a una joven de 14 años como presunta autora de la llamada, en la que también pudieron participar otras dos menores de 12 y 13 años, ambas inimputables, ha detallado este martes en un comunicado la Guardia Civil, que ha puesto a disposición de la Fiscalía de Menores las actuaciones realizadas.

La Guardia Civil, para verificar la alerta y garantizar la seguridad, desplazó al instituto unidades caninas especializadas en la detección de explosivos, de Seguridad Ciudadana, del Servicio Información y del Grupo Especialista en Desactivación de Explosivos.

Tras desalojar a las 85 personas que estaban en las instalaciones, entre alumnos y profesores, se realizó un exhaustivo reconocimiento de todas las dependencias, sin hallar artefactos explosivos, y se comprobó que era una falsa alarma.

La Guardia Civil recuerda que realizar llamadas de este tipo es un delito contra el orden público tipificado en el Código Penal, que establece una pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de 3 a 18 meses a quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro en el que sea necesario prestar auxilio a otro y provoque la movilización de los servicios de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Además, la Ley de Protección Civil y Atención de Emergencias de La Rioja tipifica como infracción muy grave realizar llamadas de mala fe, que comuniquen avisos falsos al 112 cuando este hecho produzca la movilización de recursos, lo que conlleva aparejada una pena de multa de 100.001 euros a 2 millones de euros.