La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) avisó de que la defensa del Ministerio del Interior a la devolución de menores a Ceuta en agosto de 2021 “no se sostiene ni ética ni jurídicamente” y exigió al Gobierno que asuma “responsabilidades”.

“La defensa que hace el Ministerio del Interior de las deportaciones sin garantías, pretendiendo justificarlas en el interés superior de estos niños no se sostiene ni ética ni jurídicamente”, advirtió la JJpD tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que declara ilegal la medida.

Asimismo, criticó que la defensa que hace el departamento de Fernando Grande-Marlaska “contrasta con los principios de la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, donde se recoge el derecho del niño a ser escuchado, a no ser objeto de ninguna forma de violencia, y a que su interés superior sea considerado primordialmente”.

 La JJpD aseveró que la sentencia del TS “pone en cuestión las políticas de extranjería basadas en la vía de hecho”. “Esas expulsiones se hicieron por la vía de hecho y sin que estos niños tuvieran asistencia letrada, sin informar a las delegaciones diplomáticas de los países de origen, sin informes sociales ni familiares”, censuró.

Igualmente, alertó de que se hicieron “sin escuchar a los menores sobre su situación y sin argumentar por qué en cada caso el mejor interés del menor se protege a través de la repatriación”.  “Se han vulnerado los principios básicos de protección internacional a la infancia y los principios básicos de derechos humanos,”. 

Mientras, un cayuco con 50 de personas a bordo, entre ellas tres fallecidas, arribó a El Hierro. La mayoría de los ocupantes estaban en malas condiciones de salud, al menos seis fueron trasladados en ambulancia al hospital, y uno de ellos está muy grave. Tres cayucos con más un centenar de personas abordo entre los tres llegaron a las Canarias.