A juicio por falsificar informes de pruebas covid-19 para evitar un desahucio

Una mujer de 60 años y un hombre de 63 serán juzgados el próximo miércoles en la Audiencia de Valladolid
A juicio por falsificar informes de pruebas covid-19 para evitar un desahucio
Están acusados de confeccionar varios informes de pruebas covid-19 haciendo constar que la PCR había dado positivo, con el fin de evitar un desahucio programado | AEC

Una mujer de 60 años y un hombre de 63 serán juzgados el próximo miércoles en la Audiencia de Valladolid, acusados de confeccionar varios informes de pruebas covid-19 haciendo constar que la PCR había dado positivo, con el fin de evitar un desahucio programado.


Los hechos por los que se celebrará la vista oral contra María Jesús C.M y Francisco Javier F.S. ocurrieron cuando ambos se encontraban incursos como demandados en un juicio verbal por desahucio que se siguió en el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Medina del Campo (Valladolid), según las conclusiones provisionales de la Fiscalía.


Con ánimo de demorar la recuperación de la posesión de la vivienda en la que residían por parte de la actora, elaboraron varios informes de pruebas covid-19 en los que hicieron constar que la PCR había dado positivo y los aportaron al procedimiento como justificante para que el lanzamiento programado no tuviera lugar.


En concreto, la encausada, a través de su representación, aportó dos informes a su nombre con fecha 4 y 18 de febrero de 2021 en los que se hacía constar que había dado positivo al coronavirus, mientras el acusado planteó otros dos de igual fecha y contenido.


Los informes provocaron la suspensión de los lanzamientos señalados por el Juzgado de Instancia para los días 10 de febrero y 3 de marzo de 2021.


Al comprobar la autenticidad de los documentos, se constató que la única prueba de covid a la que se habían sometido los procesados fue practicada el 24 de agosto de 2021 y en ambos casos el resultado fue negativo.


La acusación pública considera que los acusados cometieron un delito continuado de falsedad de certificación y un delito de estafa, por los que reclama para cada uno cuatro años de prisión y multa de 3.000 euros -diez meses con cuota diaria de diez euros-.

A juicio por falsificar informes de pruebas covid-19 para evitar un desahucio

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