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sábado | 21 diciembre | 2024
La ley de familias, uno de los proyectos estrella del Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra, no termina de echar a andar en su tramitación parlamentaria y permanece atascada en el Congreso ante la oposición de los nacionalistas, que consideran que la norma invade competencias autonómicas.
A pesar de aprobarse su tramitación urgente, el proyecto, que recibió el visto bueno del Ejecutivo a finales de marzo, llegó al Día Internacional de las Familias, celebrado ayer, sin que se registrasen avances.
No es la primera vez que se estanca el proyecto, objeto de largas negociaciones entre Derechos Sociales y Hacienda antes de llegar al Consejo de Ministros. Alcanzado el acuerdo en el seno del Ejecutivo, cediendo Belarra en varias de sus propuestas iniciales, el siguiente escollo apareció en el Congreso, donde se topó con el rechazo de ERC, PNV, PDeCAT y Bildu por invasión competencial, además del manifestado desde el inicio por PP y Vox, que presentaron enmiendas a la totalidad.
También lo hicieron PNV y PDeCAT, mientras que Bildu y ERC negocian aún con el Gobierno y confían en no tener que dar el paso, con el plazo para presentar las enmiendas ampliado hasta mañana.
La principal objeción de ERC, Bildu y PNV para rechazar el proyecto es la que consideran una invasión competencial de la norma.
“Estamos centrados en salvar eso”, aseguraron fuentes del PNV, que en su enmienda incidió en que la protección de las familias es competencia exclusiva autonómica y que lo que hace este proyecto es “ordenar” a las comunidades “la forma en la que tienen que actuar” y eso les impide “el ejercicio de su autonomía política”. Fuentes de ERC subrayaron que están negociando también la financiación.
“Si conseguimos salvar cualquier atisbo de invasión competencial, puede haber una buena ley”, avanzó Oskar Matute, de Bildu. El PDeCAT, por su parte, mantiene su enmienda a la totalidad para “blindar y defender” las competencias de la Generalitat; “por ahora”, apuntaron desde ese partido, no contactaron con ellos desde el Gobierno.
La Ley de Familias, que no prohíbe el ‘pin parental’, recoge tres nuevos permisos de cuidados junto a otras medidas para favorecer la conciliación y reconoce distintos tipos de familias, como Lgtbi, con algún miembro con discapacidad, múltiples, reconstituidas, adoptivas o acogedoras.
En líneas generales, el proyecto fue bien acogido por las entidades sociales, que valoran el avance de reconocer los diversos modelos familiares y de incorporar medidas que amplían la duración del permiso por nacimiento, acogimiento y adopción o la prestación por crianza.
Desde la Unión de Asociaciones Familiares creen que supone una “oportunidad histórica” para proteger a todas las familias, en tanto que la Plataforma de Infancia hizo hincapié en que debe garantizar las prestaciones y permisos de apoyo a la crianza y al cuidado de familiares.
No obstante, la ley también recibió críticas por parte de la Federación Española de Familias Numerosas, pues la nueva norma suprime esa denominación y al nuevo título se suman, con los beneficios que conllevan, las familias monoparentales, con dos hijos, las de dos hijos encabezada por una víctima de violencia de género o con dos hijos y un ascendiente o descendiente con discapacidad, entre otras.
