El nuevo fiscal de sala contra los delitos de odio y discriminación, Miguel Ángel Aguilar, señaló que, si bien en España el repunte de casos registrado en 2022 no es “alarmante” (3,7%), lo cierto es que hay una cifra de “infradenuncia” muy elevada que afecta a colectivos como personas sin hogar, magrebíes o gitanos.
 

Aguilar quiso “lanzar un mensaje positivo” porque “tenemos una sociedad diversa, rica y que, en general, respeta al diferente”, a lo que suma que “España tiene un buen armazón jurídico para hacer frente a los delitos de odio y discriminación”. Por ello, sostuvo que el aumento del año pasado no es “alarmante”.

Posibles causas

Entre las posibles causas, refiere, por un lado, que “poco a poco se va ganando la confianza de la ciudadanía” y, por otro, que hay determinados colectivos con mayor “visibilización”, también para “los intolerantes”. Sobre si entre esas posibles causas están también los discursos lanzados desde la esfera pública, Aguilar contestó que no puede afirmarse porque aún no se estudió en profundidad. “Pero sí que es cierto que quienes ejercen un liderazgo social, político, etc, claro, esos mensajes pueden generar prejuicios o estereotipos y dar lugar a la comisión de hechos”, añadió. 
 

No obstante, advirtió de que los hechos conocidos son solo la punta del iceberg.
 

“En materia de delitos de odio hay una cifra sumergida muy elevada que los organismos internacionales sitúan en torno el 80%, y en algunos motivos de discriminación puede llegar al 90%”, precisó.

Los más vulnerables

Entre los colectivos más afectados, Aguilar menciona “las personas extranjeras que no tienen su situación regularizada, que no conocen ni siquiera nuestra lengua, ni cuáles son sus derechos”, porque “vienen de países que no los protegen y esos miedos e inseguridades las arrastran”, aludiendo específicamente a los norteafricanos. Apuntó también a las personas de etnia gitana. “He hablado con muchas mujeres gitanas que me dicen: ‘No me dejan entrar a un supermercado porque soy gitana’”, contó, exponiendo que cuando se les dice que eso es denunciable responden: “Esto me ha pasado toda la vida, ya sé que a este supermercado no puedo ir y a este sí”. Llamó la atención sobre un tercer colectivo, el de las personas sin hogar, a quienes –detalló– pegan, escupen y roban. “Estas personas están en la más absoluta exclusión social, en la más absoluta pobreza. Que estas personas denuncien  “cuesta mucho” porque, a veces, no se las puede ni localizar.
 

Aguilar explicó que hay “muchas víctimas” que necesitan ser conscientes de que “han sido discriminadas”, para después dar el paso de denunciar. Por eso, hizo hincapié en que el hecho de “que denuncien más tarde no significa que estén mintiendo”. “Y esto pasa también en la violencia de genero”, apostilló.
 

Ante este contexto, Aguilar animó a denunciar, mostró preocupación por las barreras en el acceso a la Justicia y señaló que “los delitos de odio “nos han de concernir a todos”  porque afectan a la convivencia y porque en cualquier momento se puede pasar a integrar esos colectivos por la edad, la enfermedad, la discapacidad... ¿El mejor antídoto contra este fenómeno? La educación, “en negrita, mayúscula y subrayado”: “La educación en valores, en transmitir a la sociedad la riqueza que supone la diversidad”.