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viernes | 20 diciembre | 2024
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que van a evaluar y tratar de buscar “un elemento de unión” entre las diferentes interpretaciones de su departamento y del Defensor del Pueblo sobre los rechazos en frontera después de que esta institución cuestionase la legalidad de las devoluciones de 470 migrantes en el salto a la valla de Melilla.
Marlaska se pronunció de así tras recibir esta semana la respuesta del Defensor del Pueblo a las últimas explicaciones y documentación gráfica aportadas por la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla el 10 de noviembre sobre la tragedia del pasado 24 de junio en la frontera de la ciudad autónoma con Nador en la que al menos fallecieron 23 personas.
Una respuesta, según señalaron fuentes de la institución que dirige Ángel Gabilondo, que “se reafirma” en lo planteado en su primer informe del 14 de octubre, en el que cuestionaba la actuación de las fuerzas de seguridad en el salto a la valla y aseguraba que no se respetaron las “garantías legales nacionales e internacionales” al rechazarse en frontera a 470 personas.
En declaraciones a los periodistas, Marlaska se refirió a las “diferencias en el criterio de interpretación” sobre los rechazos en frontera de Interior y del Defensor argumentadas en resoluciones judiciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal Constitucional español.
“Es una diferencia de criterio que analizaremos, evaluaremos y trataremos de buscar el elemento de unión entre ambas interpretaciones y que se correspondan con el espíritu de la ley y de las resoluciones judiciales citadas”, aseveró.
Gabilondo reiteró en su escrito las cuatro recomendaciones y los tres recordatorios legales que ya planteó a Interior, entre ellos, la necesidad de garantizar en frontera “el derecho a la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a malos tratos, tratos inhumanos o degradantes” y de impedir cualquier práctica “abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Sin embargo, el ministro interpretó el escrito del Defensor de forma diferente y consideró que “este segundo informe no compromete la valoración que hace el ministerio del Interior, y que seguirá haciendo,” sobre la actuación de la Guardia Civil en Melilla y reiteró que los agentes actuaron “con toda la legalidad, proporcionalidad y necesidad” y de una forma adecuada “a los hechos trágicos y violentos a los que tuvieron que hacer frente”. Marlaska avanzó que contestarán en los próximos días al Defensor del Pueblo “en los términos que estimemos oportuno”.
Por su parte, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) pidió que se respetasen los Derechos Humanos (DDHH) y de asilo en las fronteras de las ciudades autónomas después de que la comisaria de DDHH del Consejo de Europa afeara la falta de “vías legales y seguras” para acceder al asilo en Melilla.
“La asociación quiere recordar que el la Declaración Universal de DDHH obliga a asegurar el respeto a los derechos en ella contenidos a todos los estados firmantes”, recordó JJpD que señaló que el artículo 1 de la Convención de Roma obliga a todos los Estados parte a proteger los Derechos Humanos y libertades fundamentales de toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción y mostró su confianza en que los responsables asuman la tarea de forma decidida.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) constató que muchos de los 470 migrantes que “fueron devueltos inmediatamente” a Marruecos tras saltar la valla de Melilla eran personas susceptibles, de solicitar asilo en España.
La portavoz de Acnur en España, María Jesús Vega, subrayó que el informe del Defensor del Pueblo es “claro” respecto a la “devolución automática” de alrededor de 470 personas, y añadió que desde Acnur recibieron testimonios de migrantes “que fueron devueltas tras entrar en Melilla, muchas de países donde hay conflictos, que generan refugiados como Sudán, Sudán del Sur y Chad”.
