El Ministerio de Sanidad flexibilizó la orden a las comunidades para que impusiesen desde ayer la mascarilla en sus centros sanitarios para permitir que levanten la obligatoriedad cuando consoliden un descenso de contagios.

Una decisión que levantó un día más las críticas de varias comunidades que preferían un nivel de recomendación y no una imposición, no porque no estén de acuerdo con el uso de mascarilla en centros sanitarios, sino por “las formas” del Ministerio.

En una rueda de prensa convocada para explicar las medidas adoptadas para amortiguar el impacto del alza de casos de gripe y otros virus respiratorios, la ministra de Sanidad, Mónica García, insistió en que ponerse la mascarilla en un centro de salud u hospital “es una medida muy básica” para protegerse de los contagios.

Por eso, echó mano de una declaración de actuaciones coordinadas contemplada en el artículo 65 de la ley de cohesión para obligar a las once autonomías que no lo habían hecho aún –todas menos Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Canarias y Asturias– a imponer la mascarilla solo en los centros sanitarios.

Claves

Sin embargo, el nuevo documento de ‘Medidas en relación al incremento estacional de infecciones respiratorias’, nacido con las aportaciones de las comunidades a la propuesta inicial que Sanidad les trasladó el lunes, permite a las autonomías que rebajen la obligatoriedad a recomendación cuando sumen dos semanas consecutivas de descenso de la incidencia. 

No obstante, el texto añade que “aquellas que a pesar de cumplir ese criterio quieran mantener la obligatoriedad, de acuerdo con el análisis de sus datos, podrán hacerlo durante la vigencia de la Declaración de Actuaciones Coordinadas”.

Lo que sí se mantiene tal cual es la recomendación en las residencias y centros de discapacidad porque “son los entornos donde viven las personas más vulnerables” y es necesario tomar precauciones adicionales para protegerles en situaciones de alta circulación de virus respiratorios; sin embargo, se descarta su uso universal por el “bienestar de los mayores tanto a nivel físico como emocional”. 

Recomendación que hace extensiva a las oficinas de farmacia, tal y como el Ministerio avanzó el pasado lunes. En todo caso, siempre será aconsejable que la población general use mascarilla cuando tenga síntomas, momento en el que debería reducir las interacciones sociales.

Reacciones regionales

La nueva orden, que según la ministra entraría en vigor cuando las comunidades fuesen recibiéndola “a lo largo de la tarde”, provocó “perplejidad” y “desconcierto” por “la forma de actuar del Ministerio” en Euskadi. Aunque desde el Departamento vasco de Salud aseguraron que “lo único” recibido fue un documento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud “fechado a día de hoy (ayer), en el que figura como acuerdo la obligatoriedad del uso universal de mascarilla en centros sanitarios”, pero ninguna orden.

Navarra, más favorable a la recomendación que a la obligatoriedad, implementará la norma de Sanidad en todos los centros sanitarios.

 Mientras, el presidente andaluz, Juanma Moreno, dijo que la comunidad va a asumir el uso obligatorio en los centros sanitarios, aunque no comparte las formas con las que el Gobierno llevó a cabo la medida. 

Por su parte, el conselleiro de Sanidade, de la Xunta de Galicia, criticó la decisión del Ministerio de Sanidad de la imposición de la mascarilla, aunque de manera flexible, en los centros sanitarios a las comunidades autónomas por considerar que es “unilateral” y “desafortunada”. 

En unas declaraciones remitidas por la Consellería, Comesaña aseguró que el Ejecutivo gallego no se opone al uso de las mascarillas, ya que fue la primera comunidad en adoptar la recomendación de su uso ya a finales de diciembre, pero manifestó su oposición y “disgusto” por la forma de proceder del Ministerio para implantar esta medida.