La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que marca un objetivo mínimo de inversión en la Universidad del 1% del PIB de aquí al 2030 y pretende mejorar la situación del profesorado contratado en condiciones precarias, entró ayer en vigor.

 La tercera reforma universitaria de la democracia se aprobó el 9 de marzo en el Congreso por 182 votos a favor (PSOE, PNV, ERC y Podemos), 157 en contra (PP, Ciudadanos y Vox) y ocho abstenciones, entre ellas las de Bildu, BNG y Junts.

Algunas de las medidas que pretenden acabar con la precariedad del personal docente pasan por fijar un tope del 8% para los contratos temporales –de media en la actualidad suponen el 40%–, reducir el número de profesores asociados y visitantes convirtiendo esas plazas en indefinidas y poner fin a la endogamia universitaria. 

Se pretende también introducir mejoras para los estudiantes: límite a los precios de las tasas –que solo podrán mantenerse y/o reducirse–, derecho al paro académico o prórroga de la estancia del alumnado extranjero no comunitario hasta un año después de graduarse.

Novedades y reproches

Otras novedades son la desaparición de la obligatoriedad de ser catedrático para acceder al cargo de rector –basta con ser funcionario siempre que se cumplan ciertos requisitos- y una reestructuración de la organización interna, con mayor participación de profesores y estudiantes. 

En materia de género, la ley prohibirá que los colegios mayores privados con un régimen no mixto o segregado se adscriban a una universidad pública. 

La ley fue duramente criticada por la mayoría de la oposición, que aseguró  que no sirve de nada y que no perdurará en el tiempo, dado que no garantiza la financiación de las universidades ni su neutralidad ideológica, y reprochó que la norma no cuenta con el apoyo de toda la comunidad universitaria. 

Asociaciones y sindicatos de estudiantes se manifestaron contra una ley que, junto con la de Convivencia Universitaria, consideran que se trata de una reforma elitista que pone la universidad pública en juego.

Recurso al Constitucional

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, aseguró ayer que la región, junto con Murcia, Galicia, Castilla y León y Andalucía, analizarán los aspectos de la ley de universidades que podrían incurrir en inconstitucionalidad.

 “No nos parece que lo que plantea sea favorable para el sistema universitario madrileño ni para el español”, dijo Ossorio que recordó la celebración de una reunión entre las cinco autonomías donde acordaron que analizarían un recurso de inconstitucionalidad una vez publicada la ley.