8º-12º
jueves | 19 diciembre | 2024
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género daba cinco años para cumplir 290 medidas encaminadas a mejorar la respuesta del Estado contra las violencias machistas: concluido ese plazo, se culminaron el 65,5%, el 29,3% está en camino pero incompletas, el 3,2% se incumplieron y el 2% no fueron evaluadas.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género hizo pública ayer la primera evaluación de cumplimiento del Pacto, que se aprobó con una vigencia de cinco años (2017-2022) y cuyo compromiso político fue renovado en las Cortes en 2021.
El Ministerio de Igualdad informó de que 190 medidas ya se cumplieron (65,5%), 85 están en proceso, nueve continúan pendientes y seis no fueron objeto de la evaluación al no ser competencia de la Administración General del Estado.
La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, defendió que este grado de cumplimiento demuestra “el compromiso firme y la acción decidida” tanto del Gobierno como del Ministerio durante la pasada legislatura: en 2019 había 75 medidas cumplidas y 51 pendientes y ahora, 190 cumplidas y nueve pendientes.
Entre las medidas culminadas, la ampliación del concepto de violencia contra las mujeres, ley de garantía integral de la libertad sexual, la suspensión las visitas de los padres maltratadores o la interrupción de las visitas a prisión de niños cuyos padres estén condenados por violencia de género.
El Pacto ha sido la hoja de ruta de la lucha contra las violencias machistas en España. Incluye medidas para la ruptura del silencio, la mejora de la asistencia y protección de las mujeres y víctimas, el perfeccionamiento de la respuesta institucional, la formación, la prevención, la dotación presupuestaria o el seguimiento estadístico del fenómeno.
La renovación de su dictamen para incorporar medidas relativas a la violencia digital, vicaria o económica debe acometerse en esta legislatura.
Ayer, la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, entregó la evaluación a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. La Cámara Baja será la encargada de acometer la actualización del dictamen para reeditar esta hoja de ruta.
Montero denunció el “enorme crecimiento del negacionismo” de la violencia machista y en este sentido incidió en que el cumplimiento del Pacto no es “una opción política”, sino una obligación para las instituciones y los poderes del Estado.
Considera que el Pacto no constituye “un punto de llegada”, sino que se debe “multiplicar” en los años venideros para llegar a todas las víctimas de todas las violencias machistas, con especial atención a las más vulnerables, y financiar con un presupuesto de mil millones de euros anuales.
Además, el Ministerio de Igualdad está desarrollando un sistema informático de evaluación y seguimiento para que las comunidades rindan cuentas de cómo y en qué gastan los fondos recibidos del Estado para luchar contra las violencias machistas. Al nuevo sistema tendrán acceso todas las autonomías.
A través de diferentes indicadores, podrán dar cuenta de si ejecutaron las medidas a las que comprometen el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el catálogo de referencia de servicios mínimos acordado en la Conferencia Sectorial de Igualdad, así como la eficacia y eficiencia de las mismas.
