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lunes | 30 diciembre | 2024
La polémica por el cobro del bono social térmico por parte de políticos con alto poder adquisitivo fue en aumento, con un tercer caso confirmado en la Comunidad de Madrid, y obligó al Gobierno a rectificar para establecer niveles de renta máximos, que podrían estar entre 25.000-26.000 euros anuales.
El último caso que trascendió fue el del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que reconoció que percibe una ayuda de más de 300 euros como “familia vulnerable severa” pese a no serlo.
Desconoce cuál es el motivo de esta “anomalía”, ya que aseguró que solicitó el bono social térmico pero como familia numerosa básica, no como familia vulnerable, y por ello pidió que el Ministerio de Hacienda estudie su caso porque él tiene “mucho trabajo para estar atento a estas cuestiones”.
La polémica sobre el cobro de este bono centró el Pleno de la Asamblea de Madrid justo un día después de conocerse primero el caso del vicepresidente madrileño, Enrique Ossorio, y después el de la líder de Más Madrid, Mónica García, ambos receptores de una ayuda de 195,82 euros por formar parte de familias numerosas.
Sin embargo, sus reacciones fueron muy distintas. Mientras Ossorio acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacer estas ayudas “sin límite de renta”, García pidió disculpas y precisó que ella no solicitó el bono sino que es un pago “automático” en el caso de las familias numerosas, y aseguró que intentará “devolverlo”.
“No tengo nada en contra de la riqueza, lo que quiero es que todo el mundo viva como usted”, le respondió la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que acusó de “hipócrita” a la portavoz de Más Madrid.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, confirmó que el Ejecutivo estudia establecer límites máximos de rentas para evitar que accedan al bono “personas que no lo precisen” y que, en su opinión, actúan con “ausencia de ética”.
Una rectificación que ya anunció el miércoles la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ayer dijo que el límite máximo podría ser ligeramente superior al establecido para las unidades de convivencia de cuatro o cinco miembros, que es de unos 25.000-26.000 euros anuales.
En el cálculo se tendrá en cuenta el número de personas que forman la unidad de convivencia y el índice Iprem, empleado como referencia a la hora de conceder ayudas y que se reforzará a partir del tercer hijo.
Por su parte, la ONG Save the Children consideró que el debate en torno al bono social “no debería estar tanto en torno a quién lo recibe, sino por qué hay tanta gente que no lo está recibiendo” y reclamó que se dé de forma automática a familias en situación de vulnerabilidad.
Además, la advirtieron de que solo el 16% de los hogares que declaran que no pueden calentar su casa tienen acceso al bono social térmico.
