Solo el 25 % de la población entre 65 y 74 años de la Unión Europea (UE) tiene competencias digitales básicas, según un informe que advierte de la discriminación que puede sufrir ese colectivo ante la creciente implantación de servicios públicos en línea a los que tienen difícil acceso.

Por ello, las personas mayores pueden verse privadas de sus derechos fundamentales, "como el acceso a la sanidad o la pensión, en nuestra sociedades digitales", advierte la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la UE en el documento, publicado este miércoles desde su sede en Viena.

La FRA alerta de que faltan datos sobre la "alfabetización digital" de los mayores de 75 años, pero asume que las barreras para acceder a esos servicios en línea son aún mayores para ese grupo de edad, que supone el 20 % de la población de la UE.

Con todo, el informe señala que el porcentaje de mayores con educación superior, una ventaja cuando se trata de moverse en el mundo digital, llegó al 22 % en 2021, diez puntos más que en 2004.

El documento advierte de que la legislación en los países miembros no siempre reconoce ese riesgo de exclusión digital ni "aborda los obstáculos a los que pueden enfrentarse las personas mayores".

"Los países de la UE tienen que asegurar a todos el acceso a los servicios públicos. Las personas mayores deben ser capaces de elegir cómo acceder a los servicios públicos y a recibir apoyo para aprender habilidades digitales", señala la FRA en un comunicado.

"El acceso a los servicios públicos es un derecho fundamental. Pero la transformación digital corre el riesgo de dejar atrás a las personas mayores. Tenemos que cerrar la brecha digital, mejorar la alfabetización digital y asegurarnos de que las personas mayores también puedan beneficiarse de los avances tecnológicos", señala en esa nota el director de la agencia, Michael O'Flaherty.

Según el informe, el 60 % de quienes tienen entre 65 y 74 años usan dispositivos digitales para acceder a internet.

La FRA pide a los Estados miembros que, en una sociedad cada vez más envejecida, garanticen el acceso igualitario a los servicios públicos, tanto con programas de formación como contando con los mayores a la hora de diseñar las herramientas de acceso a esos servicios.