“No hay ánimo de ocultar nada”. Así de rotundo se mostró ayer el alcalde, Carlos Negreira, sobre la sentencia que obliga al Ayuntamiento a mostrar las auditorías de Nostián al portavoz del BNG, Xosé Manuel Carril. Según el primer edil, el gobierno municipal recurrirá el fallo al entender que se trata de una decisión “unipersonal de un juez”, y aseguró que la oposición tendrá acceso a los papeles “cuando corresponda”.
Tras la firma de un acuerdo en el Rectorado, el conservador defendió que existe un informe de asesoría jurídica en el que se recomienda presentar recurso contra la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo. Los que sí podrán ver toda la documentación sobra la planta de reciclaje de la que dispone el Ayuntamiento son los miembros del Consorcio das Mariñas, en concreto, los representantes del ente supramunicipal que forman parte de la comisión técnica que se constituyó el martes en María Pita para buscar una solución conjunta –entre A Coruña y los municipios del área– al modelo de Nostián.
La comisión se inscribe en el convenio que firmaron hace unas semanas el Ayuntamiento y el Consorcio das Mariñas para que los municipios del área participen en la toma de decisiones sobre Nostián, y formen parte del equipo que utilizará las auditorías, tanto la técnica como la económica, para redactar un plan de viabilidad que haga sostenible la planta de reciclaje.

primer plan, en diciembre
El alcalde espera que a mediados de diciembre la comisión técnica pueda tener ya una primera propuesta para las instalaciones. “Después de 13 años tenemos unas auditorías y vamos a concluir el diagnóstico de Nostián de la mano del Consorcio”, insistió Negreira, que mostró su confianza en el modelo de reciclaje, y reiteró que su propósito es “trabajar por el futuro” de la planta.
Sobre las declaraciones del presidente del Consorcio das Mariñas, en las que aseguraba que no se estaban cumpliendo los niveles de reciclaje establecidos en el contrato de Nostián, Negreira cree que se trata “de una evidencia”, que el acuerdo que el bipartito firmó en 2011 pone de manifiesto, ya que en el mismo, además de reconocer parte de la reclamación de la concesionaria (Albada) por el sobrecoste de trasladar la basura a un vertedero, se rebajaban los objetivos iniciales de reciclaje.