Anteponer los intereses de los ciudadanos que acudan a la justicia sobre los de la administración pública es la primera de las medidas que ayer acordaron adoptar los secretarios judiciales de A Coruña como fórmula de presión para reclamar al Gobierno y la Xunta mejoras laborales.

Esto se traducirá, tal y como informó ayer el portavoz de estos profesionales, Fernando Santiso –secretario del juzgado coruñés de instrucción 3–, en posibles retrasos a la hora de transferir los pagos desde los juzgados al Tesoro. “Sin la necesaria modernización, la carga de trabajo es superior a la que podemos asumir”, señala, para edetallar que los secretarios priorizarán desde ahora aquellas tareas que afecten directamente a las personas sobre otras “más internas o administrativas”, como los pagos. “Si hay alguna demora, será en los pagos”, reitera.

Se trata del primer mecanismo de presión, pero puede no ser el último, ya que en la asamblea celebrada ayer, los profesionales del partido judicial –una treintena de los 44 secretarios que ejercen en este ámbito acudieron a la reunión– también hablaron de medidas más duras, como paros parciales, que se estudiarán en próximos encuentros.

Sus reivindicaciones no son otras que las de sus compañeros del resto de España: “acomodar” el salario a las competencias y responsabilidades que se les otorgaron en 2009 con la ley que regía la implantación de la oficina judicial y un marco propio de negociación, así como un catálogo de enfermedades profesionales y la recuperación de los días libres que han visto recortados, y que quieren equiparar con los de jueces y fiscales.

Con estos planteamientos sobre la mesa, los secretarios judiciales coruñeses instarán a la Xunta a que tome cartas en el asunto, retome la implantación de la oficina judicial y provea los juzgados de los medios materiales que este colectivo necesita para desarrollar su labor con eficacia. La falta de movimientos desde la administración, avisan, puede llevarles a la huelga.