La dirección de Servicios Sociales podría cambiar de manos si su actual responsable, José Luis Quintela, decide finalmente dejar su cargo, dolido, tras ser denunciado por presuntos insultos.
El técnico municipal tuvo que comparecer ayer en el juzgado de instrucción número 4 donde se celebró contra él y contra el miembro de la plataforma Stop Desahucios Adolfo Naya un juicio de faltas.
Cuatro personas, entre ellas Elisabeth Sanlés –deshauciada en noviembre del piso de O Castrillón en el que vivía–, su sobrina y dos miembros de Stop Desahucios, denunciaron a Quintela por injurias y vejaciones durante, dicen, una discusión por el caso de la primera. El técnico municipal, por su parte, denunció a uno de los miembros de la plataforma por injurias.
Asegura que, con independencia del fallo, se siente muy dolido y no descarta dejar su cargo. “El daño ya está hecho; yo ya no soy el mismo. A mí me han tocado en lo más íntimo, que son mis convicciones de que el sector social trabaja por las personas y para las personas”, explicaba ayer a la puerta del juzgado.
Quintela, que siempre se ha manifestado un convencido de la labor de los servicios sociales, lamenta la politización de los casos y el daño que se hace al trabajo de los ténicos: “Todo se tamiza según los intereses de cada secta, de cada partido político y yo no juego a eso. Seguramente no seguiré jugando mucho tiempo”.
La denuncia que le ha llevado a los tribunales parte de lo sucedido durante una discusión, hechos que ayer fueron ratificados por los denunciantes ante el juez.
El portavoz de Stop Desahucios, Héctor Tejón, relató que la situación se produjo cuando Elisabeth Sanlés, que iba a ser desahuciada, acudió a la sede de Servicios Sociales con varios miembros de la plataforma a los que, presuntamente, Quintela llamó “fascistas” y “totalitaristas”, además de “subnormal” y “tonto” en algún caso. Entonces también reveló, según la denuncia, datos personales de esta mujer delante de terceras personas. En la plataforma creen que con la presunta revelación de datos confidenciales el edil podría estar incurriendo en una infracción muy grave, algo que tendrá que valorar el juez ahora que está visto para sentencia.

revelación de secretos
Sobre este punto habló también el abogado de Elisabeth Sanlés, Antonio Vázquez, que apunta a la posibilidad de un delito de revelación de secretos por parte del trabajador municipal. “En aquel momento se revelaron una serie de datos económicos que el señor Quintela conoce por razón del trámite del expediente y que entendemos que son confidenciales y es delictivo el hacer mención de ellos en público”, explicó.
La versión del responsable de Servicios Sociales respecto a lo sucedido aquel día es bien diferente. Según explicó “entró un tropel de gente” en la oficina donde trabaja y una persona empezó a gritar “¿Qué hiciste?, ¿qué hiciste?”, por lo que apunta que trató de “tranquilizarla” y, al acceder a su despacho, el numeroso grupo lo siguió y esa persona insistió: “¿Qué hiciste, desgraciado? Anda, que un buen pufo habrás dejado en Intermón”.
Quintela, que había dirigido durante catorce años Intermón en Galicia, reaccionó de inmediato ante tal acusación e hizo salir a todos los que habían entrado en su despacho. “¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Estos son métodos fascistas y totalitarios. Esto es una vergüenza. Voy a llamar a la Policía”, les dijo entonces, y cuando la propia Sanlés replicó que ella no saldría porque es una persona vulnerable, él le contestó que “mejor no hablar de eso” porque “incluso” sabía que “parte de los datos que había dado no son ciertos”.
Ante el juez, negó las acusaciones de insultos y vejaciones que le atribuían los denunciantes.
Durante el juicio, en torno a una treintena de personas arropó a los miembros de Stop Desahucios desde fuera del edificio de los juzgados y denunció que Servicios Sociales no cumple con sus funciones, pues es la plataforma, destacaron los concentrados, la que ayuda “a las personas en riesgo de exclusión social” que hay en la ciudad.