“Soy del ejército guerrillero y hemos puesto dos bombas, una en el Ayuntamiento y otra en el centro cívico”. Esta comunicación, que se recibió por vía telefónica en el puesto de la Guardia Civil de Arteixo el 30 de octubre de 2009, puede enviar nueve meses a la cárcel a una trabajadora de una clínica de la localidad arteixana, que el próximo martes está llamada a declarar como acusada en el juzgado coruñés de penal 5 por un delito de desórdenes públicos.

La acusada de la llamada se enfrenta a nueve meses por desórdenes públicos

Lo cierto es que aquella llamada alteró la rutina de los más de setenta funcionarios que en aquella fecha trabajaban en las instalaciones municipales de los dos edificios señalados, que tuvieron que ser desalojados en torno a las dos de la tarde, hasta pasadas las tres y media.

Entremedias, una unidad de los Tedax inspeccionó con ayuda de perros entrenados las dependencias de la casa consistorial y el centro cívico, para comprobar que no había ningún artefacto explosivo.

desde otro teléfono

La hoy acusada fue identificada como la autora de la llamada donde se alertaba de un ficticio atentado a los dos edificios públicos a pesar de que, como se pone de manifiesto en el escrito de acusación que ha presentado la Fiscalía, realizó la comunicación desde el teléfono de una compañera de trabajo. Su detención se produjo pasados pocos días, tal como avanzó en un primer momento la Guardia Civil, dado que la llamada había quedado grabada en la centralita del cuartel y solo fue cuestión de tiempo el localizarla.

Más de 70 personas fueron desalojadas de dos dependencias municipales

De resultas de la investigación, el Ministerio Público tiene indicios de que la autora de la amenaza fue una de las teleoperadoras de la clínica, que aprovechó el turno de descanso para comer para trasladarse al teléfono asignado a una compañera y realizar desde allí la comunicación. En ella, la interlocutora avisó hasta en dos ocasiones de la existencia de dos bombas, que atribuyó al Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive.

Constatado que solo se trató de una falsa alarma, la Fiscalía califica los hechos como un delito de desórdenes públicos, que sanciona con penas de hasta un año de prisión o dos de multa –dependiendo de la alarma generada– al que, “con ánimo de atentar contra la paz pública, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto, o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud” . n