Las sentencias judiciales que obligan a la Xunta a readmitir a los profesores que impartían los cursos para obtener el diploma del Celga ha provocado que la Dirección Xeral de Política Lingüística aplace sine die las pruebas previstas para el próximo mes de junio e incluso que no se realicen este año.

Esta circunstancia ha causado malestar y estupor entre los cientos de personas que estaban pendientes de la convocatoria de este examen gratuito, sobre todo dada la proximidad de procesos de oposición, principalmente en educación primaria, donde la obtención del diploma del Celga exime de la realización de la prueba de gallego.

Fuentes de Política Lingüística señalaron que la prueba del Celga se va a realizar “cuanto se tengan profesores habilitados para poder contratarlos”. Algo que los afectados rechazan “puesto que lo que está judicializado son las plazas de profesores, no los exámenes”.

Desde el departamento de Educación aclaran que “los interesados se pueden presentar a los exámenes libres que las escuelas oficiales de idiomas organizan “periódicamente”, que dan la habilitación Celga, al igual que las pruebas normales”.

“Quienes no quieran realizar las pruebas en las escuelas de idiomas hay que prepararles unos exámenes específicos y para ello necesitamos profesores especialistas en el Celga”, señalan fuentes de Política Lingüística.

Sin embargo, el colectivo de afectados señala que el plazo para matricularse para los exámenes libres en las escuelas de idiomas finalizó en marzo.

Soluciones

Además, afirman que no contemplaron la iniciativa debido a que confiaban en la convocatoria oficial, que tradicionalmente se realizaba este mes, al mismo tiempo que señalan que el examen en la escuela de idiomas tiene unas tasas de 80 euros, que consideran “elevadas para la situación de crisis actual y que los que concurren a esta prueba de gallego es gente en paro que prepara oposiciones”.

La pruebas del Celga ya sufrieron el recorte de un examen, cuando se realizaban dos convocatorias al año y que ahora se han visto agravadas por el despido de casi la totalidad de profesores que impartían los cursos para la obtención del certificado.

Las sucesivas sentencias judiciales que dan la razón a los profesores que denunciaron su modelo de contratación como “colaboradores” obligó a Política Lingüística a buscar soluciones al conflicto laboral, que de momento está causando “quebraderos de cabeza a los cientos de personas que buscan en la administración gallega una oportunidad de trabajo”.

Ante esta situación los afectadlos por la suspensión del examen de junio para la obtención de los diferentes certificados de lengua gallega no descartan alguna medida de protesta, sobre todo por “el silencio de Política Lingüística que ha creado otro problema” al vincular la convocatoria de la prueba con el conflicto judicial que mantiene con los profesores.

“El conflicto entre la Xunta y los profesores del Celga ha tenido un efecto negativo en las personas que estaban esperando para presentarse a los exámenes del certificado en junio”, señalan los afectados.