Durante los dos últimos días, el barrio de Palavea no ha registrado ningún incidente digno de mención en el que se hayan visto implicados los okupas, pero eso no significa que la asociación de vecinos permanezca mano sobre mano. Están llevando a cabo una campaña de firmas para movilizar a las autoridades de manera que consigan expulsar a las dos familias okupas que se hallan en el número 56 de la calle de Padre Busto, en un edificio perteneciente a una promoción abandonada, y de momento ya han reunido 300 rúbricas.

“No es fácil movilizar a la gente”, reconocen desde la asociación de vecinos, que han mantenido contactos con todos los grupos municipales para conseguir que el Ayuntamiento ponga manos a la obra para solucionar un problema que llevan arrastrando desde hace tiempo. Hay que recordar que las viviendas de Epamar, que comprenden varios portales, fueron afectadas por la crisis inmobiliaria y nunca llegaron a ser entregadas. Durante una más década han sido un foco de molestias y problemas de convivencia, pero ahora una vecina denunció amenazas de dos familias okupas (con menores a su cargo) después de que su marido fuera agredido y sufriera contusiones por las que tuvo que ser atendido en un hospital, y se denunciara a los okupas como autores..

Protestas

Pero los okupas también se están moviendo y sus protestas han tenido eco en grandes medios a nivel nacional Para empezar, niegan las acusaciones de agresiones (aseguran que fue siempre en defensa propia, para proteger al a mujer embarazada de uno de ellos), ruidos, daños, o allanamientos de morada, o que uno de ellos cobre un “alquiler” a los demás. También aseguran que la presión a la que están sometidos por parte de esta vecina en particular les está afectando. Uno de los okupas recuerda que los niños a su cargo han tenido que soportar escenas de violencia por parte de gente que acudió a increparles a la vivienda que ocupan. “A mí mujer se le ha caído parte del pelo”, asegura.

En todo caso, el conflicto está lejos de finalizar y parte de él se dirimirá en los tribunales. Uno de los okupas tiene una denuncia por un delito de usurpación a la que se sumaría ahora otra denuncia por agresión. Mientras tanto, la Policía Nacional extrema la vigilancia y patrulla la zona. l