El muelle de Batería perderá próximamente uno de sus elementos más destacados, los cuatro silos que Aluiberia, la antigua Alcoa, tiene detrás de la Jefatura de Policía Nacional.

La junta de gobierno local aprobará hoy conceder la licencia de derribo de estas cuatro estructuras, que tienen una altura de 40 metros cada una y una capacidad total de 2.180 metros cúbicos destinados a albergar alúmina.

Alcoa Inespal había solicitado el permiso en julio del año pasado y ahora contará con un plazo de seis meses para la ejecución de las obras. Esta actuación contribuirá a la liberación de espacio en este muelle, que junto con el de Calvo Sotelo quedarán abiertos próximamente a la ciudadanía.

A la espera de que se concrete el futuro de la planta de Aluiberia en la ciudad, la empresa está inmersa en la construcción de una nueva terminal en el Puerto Exterior en la que seguir desarrollando actividades de transporte y almacenaje.

De esta manera está siguiendo la misma dinámica que otras empresas que tenían sus instalaciones en alguno de los muelles interiores de la ciudad y que están realizando la mudanza al Puerto Exterior.

Proyecto conjunto

Otra de las consecuencias del derribo de estos silos y de los sucesivos traslados a Langosteira será la apertura de los muelles de Batería y Calvo Sotelo a los ciudadanos, un proyecto en el que el Gobierno local quiere trabajar junto al resto de formaciones de la corporación municipal y con la Autoridad Portuaria para lograr una solución consensuada.

La reciente formación de Gobierno en Madrid supone la superación de un escollo en este proceso, ya que la liberación de los espacios va unida a una petición de la condonación de la deuda que mantiene el Puerto como resultado de la construcción de las nuevas instalaciones en Langosteira.

La fórmula deseada para afrontar este proceso es la creación de un consorcio en el que figuren todas las partes implicadas y será necesario renegociar los convenios que se firmaron en 2004 y que estipulaban la futura venta de los muelles interiores para que la Autoridad Portuaria pudiese pagar la inversión en el Puerto Exterior, una posibilidad que las partes ahora rechazan.