La Fiscalía de Sao Paulo pidió prisión preventiva para el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de blanqueo de capitales y falsedad ideológica por, supuestamente, haber recibido un tríplex como pago de la trama corrupta de Petrobras. Los fiscales Cassio Conserino, José Carlos Blat y Fernando Henrique Araújo argumentaron que la prisión preventiva es necesaria para garantizar “el orden público, la instrucción del proceso judicial y la aplicación de la ley penal”.
La Fiscalía acusó a Lula de ocultación de patrimonio, una versión del delito de blanqueo de capitales por el que podría ser condenado a entre tres y diez años de cárcel, y falsedad ideológica, con un marco penal de uno a tres años. Su mujer, Marisa Letícia, y uno de los hijos del matrimonio, Fábio, fueron acusados de lavado de dinero.
El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, restó importancia a la petición del Ministerio Público. “Se basa en testimonios de personas que sospechan que el inmueble estaba siendo construido para el expresidente”, indicó. Zanin Martins se mostró seguro de que la solicitud de la Fiscalía será rechazada por la juez María Priscilla Ernandes Veiga Oliveira por la “fragilidad” de los argumentos. “No tiene sentido atribuir una casa a un dueño que nunca la ha usado”, esgrimió.
Los investigadores creen que Lula es el verdadero dueño del tríplex ubicado en el edificio Solaris, un condominio de lujo de Guaruja, en Sao Paulo, construido por el grupo de ingeniería OAS, involucrado en el escándalo de corrupción de Petrobras.
El Instituto Lula aclaró en enero que el expresidente “nunca escondió que compró participaciones de Bancoop (la cooperativa) para tener un apartamento en el edificio Solaris, algo que fue declarado a la Hacienda Pública”. 
Además, explicó que “para tener el apartamento, tanto de hecho como de derecho, sería necesario pagar la diferencia entre el valor de las participaciones y el valor del inmueble”. “Y la familia del expresidente no ha ejercido ese derecho”, subrayó.
La denuncia de Sao Paulo llega después de que el pasado viernes Lula fuera brevemente detenido por la Policía para interrogarle por la red de cobro de sobornos a cambio de contratos de Petrobras, lo que su defensa atribuyó a un intento de manchar la reputación de Lula.
“Nuestro calendario es judicial, poco importa si este o aquel procedimiento tiene repercusiones políticas”, dijo Blat.