El hundimiento del Prestige provocó el mayor desastre ecológico de la historia de Galicia y dio origen a una ola de solidaridad del conjunto de las comunidades españolas e internacional para la limpieza de la costa, así como un gran debate político sobre las decisiones de las autoridades y un novedoso despliegue tecnológico para recuperar los restos de la carga a casi 4.000 metros de profundidad.

El auto del Prestige fue remitido el pasado día 14 de noviembre por el juzgado de primera instancia de la localidad coruñesa de Corcubión a la Audiencia Provincial, que ha fijado ahora la fecha del juicio oral.

En este proceso están acusados el capitán del buque, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial, Ireneo Maloto, por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia-resistencia, así como el entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors González, por supuesto delito contra el medio ambiente y daños.

Asimismo, están imputados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la contaminación por hidrocarburos, y, como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, y el Estado español.

La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 1.264 millones de euros.

Para el abogado de Nunca Máis, Pedro Trepat, el juicio del Prestige debe servir para "que se depuren responsabilidades de toda índole" y para "que sirva de escarmiento ejemplarizante para que no se reproduzcan actuaciones tan irresponsables".

Trepat criticó en declaraciones a Efe que la instrucción "se prolongara de manera desproporcionada con los consiguientes trastornos, en perjuicio de la propia administración de Justicia y en beneficio de los propios imputados, que podrán alegar ahora dilación indebida".

Recordó que siempre ha señalado que no se había dotado al juzgado de Corcubión de los medios necesarios "para una causa de esta envergadura".

Para Trepat, la "conclusión obvia" de este proceso debe de ser "que los técnicos tienen que ser los que tomen las decisiones, que no se pueden tomar, en temas tan estratégicos como éste, en base únicamente a cuestiones políticas coyunturales".