Los desahucios o, en concreto, lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias por impago, que se preveía comunicar ayer a los residentes en dos pisos de Arteixo y Meicende solo se desviaron de la media en un aspecto: no llegaron a formalizarse, previa petición de las entidades financieras adjudicatarias de las viviendas ante los juzgados de primera instancia que tramitan ambos procedimientos.

Ambas entidades financieras pararon el proceso en  sendos pisos de Arteixo y Meicende

La solicitud de suspensión formulada por los dos bancos –uno de ellos, el BBVA– en la misma mañana de ayer es lo único que separa estos dos casos de los que a diario se llevan a término en el partido judicial coruñés. Según los datos que manejan desde el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de A Coruña, que es la oficina que se encarga de comunicar a los propietarios o arrendatarios deudores de que deben desalojar su residencia, la media de ejecuciones de este tipo en los municipios que componen el partido judicial es justo la prevista para ayer, dos al día.

“Pero que la banca, siendo adjudicataria de la vivienda, presente una solicitud de suspensión, es la primera vez que ocurre, y tiene que ver con la presión mediática, con tener el foco encima”, señala Ángel Garmendia, uno de los funcionarios que prestan servicio en esta oficina.

Como expone, ese escrito que ayer recibieron los dos juzgados de primera instancia que tramitaban las ejecuciones con la solicitud de suspensión del proceso es el único mecanismo por el que ese desahucio puede paralizarse. Lo constata la jueza decana, María Teresa Cortizas, que indica que en un procedimiento civil como este, la suspensión solo puede acordarse a instancias de una de las partes, en el caso de ayer, los bancos, propietarios de los inmuebles tras la adjudicación mediante subasta.

"de pies y manos"

“Puede ocurrir algún caso puntual, en arrendamientos, que la persona fuerce una negociación, pero en las ejecuciones hipotecarias, hasta ahora ni una”, reitera el trabajador del Servicio Común de Notificaciones, antes de subrayar que, con la Ley Hipotecaria actual, los jueces están “atados de pies y manos”. “Son solo un ejecutor, no puede hacer nada incluso aunque vean que las cláusulas de la póliza hipotecaria son abusivas”, se extiende.

Con todo, esa escasa capacidad de maniobra no impide que algunos colectivos profesionales empiecen a poner en duda la rigidez de su cometido, máxime en horas en las que el Gobierno estudia fórmulas para detener las consecuencias más sangrantes de la Ley Hipotecaria.

Es el caso de algunos de los secretarios de los juzgados civiles de A Coruña. Aunque la orden de ejecutar un lanzamiento debe partir del juez, son ellos quienes tienen toda la responsabilidad en el proceso. Según informan fuentes judiciales, algunos de estos secretarios judiciales han comenzado a plantear a los magistrados de sus juzgados la posibilidad de paralizar el señalamiento de subastas, fruto de las cuales se adjudican las viviendas a los nuevos propietarios después de una demanda hipotecaria por impago, hasta ver qué ocurre con la ley.