Poco, o casi nada, se sabe de las causas por las que la jueza de Lugo acaba de imputar a doce personas en A Coruña dentro de la operación “Pokémon”. Ni los propios citados a declarar parecían conocer ayer los asuntos sobre los que les preguntará la instructora de la investigación en una semana, aunque es probable que las doce citaciones guarden relación con los contratos de Vendex a partir del año 2010, en concreto, con los del Acuario, el Ágora y el IMCE.
El del mantenimiento biológico de la Casa de los Peces fue uno de los que más ruido generó en su día. En septiembre del año pasado, y tras meses sin que la anterior concesionaria pagase las nóminas de los acuaristas, el gobierno local sacó por vía de urgencia el contrato para la gestión de este museo científico, casi al mismo tiempo que estallaba la operación “Pokémon” en el ayuntamiento de Ourense.
A la convocatoria se presentaron tres empresas. La ganadora fue Servicios y Materiales, Sermasa, una de las filiales de Vendex, que ya había prestado el servicio biológico en la Casa de los Peces hasta 2011 y que se hizo con el contrato con una oferta de 635.259 euros. La resolución de la mesa de contratación, que firma una de las imputadas, motivó sendos recursos por parte de las otras dos aspirantes.
Una de las empresas alegantes, Aquagestión, llegó a insinuar la existencia de vínculos laborales entre la ganadora del concurso y familiares directos de los técnicos que redactaron las bases y analizaron las ofertas. En su recurso apuntaba directamente a la directora de los Museos Científicos y al director técnico del Acuario, y pedía una “declaración jurada” de ambos sobre la existencia “de una relación contractual con las empresas licitantes y su grupo empresarial, tanto ellos como sus familiares”, al entender que todo el peso de la definición de las bases y la adjudicación del concurso había estado “en sus manos”. A esta se sumó una denuncia del Colegio de Veterinarios, que se quejaba de que el pliego de condiciones no tenía en cuenta una sentencia en favor de los veterinarios en la que se obligaba a modificar una serie de características del apartado técnico del concurso.
Los recursos motivaron la paralización temporal del proceso. El alcalde encargó al primer teniente de alcalde que promoviese una investigación para dotar de garantías el proceso. Un informe encargado al Instituto Oceanográfico de Vigo ratificó a finales de diciembre de 2012 la decisión de la mesa.

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En los pasillos de María Pita se hablaba ayer de la posibilidad de que la jueza solicitase información de más ordenadores del personal del Ayuntamiento. También con la idea de que las investigaciones guardasen relación con supuestos tratos de favor a Vendex por parte de la administración local.
Además de los Museos Científicos, el grupo investigado también es el responsable de los servicios complementarios del IMCE, una adjudicación que le reporta 627.000 euros anuales. El contrato lo firmó la anterior corporación en julio de 2008 por un período de cuatro años, y fue otorgado de nuevo a Sermasa el 22 de noviembre de 2012. La encargada de firmar el anuncio de adjudicación es una de las llamadas a declarar por la jueza de Lugo. Otro de los focos de atención de la trama son los servicios integrales del Ágora, que presta Vendex por 293.000 euros al año. El contrato fue adjudicado inicialmente por la anterior corporación para la puesta en marcha del centro cultural, y continuó después agrupado con el actual gobierno local.
Entre los imputados, la directora de los Museos Científicos lleva poco tiempo en la ciudad. Instructora en Burela, fue nombrada por el alcalde en septiembre de 2012. Parte de los pliegos de contratación del IMCE pasan por las manos de las dos funcionarias llamadas a declarar por la jueza. En el caso del director del Acuario, su firma aparecía en el pliego de condiciones técnicas del contrato de mantenimiento biológico del centro.
Lo que no parece formar parte de esta investigación, al menos por el momento, es el contrato de la ORA y de la grúa, que presta Vendex a través de Doal, que no finaliza hasta el 1 de mayo de 2015.