En septiembre del año pasado, la concejala de Hacienda, Rosa Gallego, ordenó cancelar un seguro médico privado y otro de vida –heredado de la época de Francisco Vázquez– que se encontraba a disposición de todos los miembros de la corporación, y que solo en 2010 supuso un gasto de 31.536 euros. La iniciativa se incluyó dentro del paquete de medidas puesto en marcha por el PP para acabar con los “caprichos” del bipartito. Ahora, el Ayuntamiento ha decidido dejar también sin seguro privado a los funcionarios municipales, con el objetivo de reducir los gastos de la administración unos 800.000 euros al año.

La medida se la comunicó ayer por la mañana Rosa Gallego a los sindicatos con representación en María Pita –CIG, CCOO, UGT y CSIF–, en la mesa general de negociación. La edil recordó que el contrato suscrito con la entidad aseguradora para la cobertura de la asistencia sanitaria privada finaliza el 30 de junio, por lo que el gobierno local tomó la decisión de no renovar este acuerdo y prescindir ya del servicio desde el 31 de mayo.

La medida afecta a los funcionarios que hayan ingresado en la administración municipal anterior al 1 de abril de 1993. Se trata de 539 trabajadores que ahora dispondrán de asistencia sanitaria a través de la Seguridad Social. Además, Hacienda asegura que esta decisión afecta indirectamente a otras 500 personas más, que se corresponden con los familiares de estos empleados públicos, que gozaban hasta ahora de una asistencia médica privada en las mismas condiciones.

De esta forma, el Ayuntamiento “equipara las condiciones de todos los funcionarios en lo relativo al régimen sanitario”, ya que, tal y como informó el gobierno local ayer, una parte de los trabajadores de la administración municipal tienen ahora cobertura a través de la sanidad privada y otros mediante la pública.

Gallego entiende que la medida es necesaria con el fin de lograr “el nivel de austeridad exigido en el momento actual”, para lo que considera “indispensable” la integración de toda la plantilla en la Seguridad Social.

Esta decisión se ratificará en la próxima junta de gobierno. El Ayuntamiento marca un período “transitorio” de un mes –del 1 al 30 de junio– para gestionar los cambios, y “aminorar las molestias que pudiesen producirse”.