Sin un resquicio de duda, el tribunal de la Audiencia Provincial designado para enjuiciar el tráfico de estupefacientes que se detectó en agosto del año pasado en tres casas semiabandonadas de la zona de San José –en la avenida de Finisterre– vincula ese negocio ilegal con la llegada de varias personas a las vivienda y se mantuvo lo que duró su estancia allí. La sentencia se refiere, en concreto, a la ocupación de las casas por parte de “la Mora”, matriarca de un clan gitano que ya se dedicaba a la venta de estupefacientes en el poblado de Penamoa, y su pareja, y los condena a ambos a cinco años y un mes de prisión por un delito contra la salud pública del que ya son reincidentes.

Tal como lo entiende el tribunal, “tras el desalojo del asentamiento de Penamoa, el comienzo de esta suerte de supermercado de drogas se liga indefectiblemente a la ocupación de las tres casas” por la pareja y varios de sus allegados, cinco de los cuales también han sido culpados del mismo delito y sancionados con tres años y medio de cárcel. Otras dos personas ligadas al clan y también procesadas en el operativo que desmanteló la venta de cocaína, heroína y hachís en los tres inmuebles salen absueltas, por no quedar suficientemente probada su implicación en la trama, más allá de “indicios aislados o meras sospechas”.

reparto de tareas

La sentencia establece como hecho probado que, al menos entre agosto y enero, la pareja se trasladaba a diario desde su domicilio de Carballo hasta las viviendas de San José para establecer toda una “tienda” de estupefacientes, con ayuda de varios de los acusados, algunos, familiares directos de “la Mora”.

Algunos días, más de cien personas acudían a las casas en busca
de sustancias ilegales

En concreto, el dictamen habla de una de sus hijas y su marido, de los que dice que se dedicaban a traficar en una casa distinta de la de la principal encausada, “en connivencia” con ella y repartiéndose las tareas “para atender a la demanda de droga en ese punto generada”.

De resto de personas condenadas, de uno de los hombres establecen los magistrados que realizaba labores de “transportista”, o lo que es lo mismo, trasladaba a los principales implicados cada día desde Carballo, además de dedicarse a la distribución directa de sustancias ilegales desde una de las viviendas, en la que residía de forma “permanente”. A otros dos les atribuye el papel de “aguadores”, que eran quienes se dedicaban a la vigilancia las viviendas para detectar la presencia policial y al control de los compradores que acudían a diario. Sobre ellos, el tribunal destaca el “trasiego permanente” de personas que en aquellos meses visitaban los inmuebles semirruinosos en busca de droga, “en ocasiones, más de cien al día”.

alarma pública

Tal como se hace constar en la resolución de la Audiencia, ese “desfile al punto de venta” comenzó a hacerse llamativo en agosto de 2011, fecha en que residentes, agentes que patrullaban por la zona, prensa local y hasta conductores de autobús se hicieron eco de la presencia de “numerosísimos toxicómanos”.

Esa voz de alarma es la que llevaría a la Policía Nacional a iniciar la investigación, que se prolongaría hasta enero de este año, fecha en que procedería a la detención de los sospechosos y la incautación de droga y dinero procedente del narcotráfico, tras el registro de las viviendas de San José y de Carballo (auténtico domicilio de “la Mora”).