La hostelería es sin duda uno de los sectores más afectados por las restricciones que se han impuesto para luchar contra la pandemia. Los cierres totales o las restricciones de horarios y aforos están llevando a muchos locales a la ruina o directamente al cierre. De hecho, más de 100.000 locales han bajado ya la persiana en toda España. Una tragedia que, según el sector, aún no ha terminado. No es, obviamente, el único sector que está sufriendo. Pero sí el que está saliendo a la calle e interponiendo demandas al Gobierno, porque cerca de que se cumpla un año, las ayudas directas siguen sin llegar mientras los ingresos caen a plomo y los gastos son los mismos. A estas alturas, para muchos ni los ERTE, ni los ICO son una solución. La hostelería y otros sectores exigen las medidas que otros países han adoptado desde hace meses y que pasan por las ayudas directas y la bajada del IVA.

Ayer mismo la vicepresidenta económica aún declaraba que está discutiendo con Bruselas cómo articular unas posibles ayudas y no tuvo reparos en trasladar a ayuntamientos y comunidades autónomas la concesión de esas ayudas. La excusa es para Calviño que a estas administraciones se le han dado miles de millones para hacer frente a la pandemia. Una vez más el Gobierno pretende quietarse de en medio y pasar la pelota a otros. Es de todo punto inexplicable que también en la protección de los sectores económicos el Ejecutivo se quiera quitar la responsabilidad.

Sólo hay que revisar los datos de caída del PIB y de aumento del paro para darse cuenta de que la cadena productiva que tiene que ver con el turismo es inmensa. La ruina de tantos sectores y los cientos de miles de parados que está generando es una cadena que se lleva por delante como fichas de dominó a trabajadores y autónomos, familias enteras que se ven en las colas del hambre y que no pueden hacer frente al pago de su alquiler o hipoteca. No haber apoyado a las empresas con ayudas directas y seguir dudando sobre si hacerlo o cómo hacerlo, está provocando una auténtica tragedia. Podrían haberlo hecho ya, si hubieran querido, reduciendo miles de millones de gasto que en este momento se antojan inútiles para la gestión de la pandemia y la economía.

El cambio de los coches oficiales, la contratación de decenas de asesores o el mantenimiento de ministerios que se han demostrado perfectamente inútiles son sólo algunos ejemplos de ese gasto innecesario que sin embargo podría haber salvado miles de empresas, autónomos y puestos de trabajo. Ojalá los economistas se equivoquen, pero 2021 no será el año de la recuperación plena. Ni siquiera el 2022, España recuperará sus 83 millones de visitantes y los cerca de 90.000 millones que se dejan en nuestro país. Menos aún el millón largo de puestos de trabajo que ocupa. A qué están esperando.