El decreto de amnistía e indulto aprobado por la Asamblea Legislativa de Bolivia el pasado viernes beneficiará a 3.180 presos, según ha trasladado este miércoles el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.

Siles ha detallado que entre los beneficiarios hay "perseguidos políticos", "víctimas de la retardación de la justicia", embarazadas, ancianos o personas con enfermedades crónicas o en estado terminal y progenitores o tutores con hijos menores de 12 años o con algún grado de discapacidad.

Por su parte, no se beneficiarán personas condenadas a más de diez años de prisión, autores de genocidio, asesinato, parricidio, feminicidio, infanticidio, trata de personas, tráfico de personas, robo agravado, secuestro, contrabando, tenencia ilegal de armas y delitos financieros.

De forma paralela, según ha informado la agencia de noticias boliviana ABI, Siles ha apuntado a que el objetivo de la normativa, el Decreto 4461, es descongestionar las cárceles bolivianas.

Así, ha especificado que las penitenciarías de la nación andina tienen capacidad para albergar a 6.765 personas, pero actualmente albergan a 17.863, por lo que el hacinamiento es del 167 por ciento. En el área urbana el porcentaje es del 189 por ciento y en el área rural del 86 por ciento.

El Decreto 4461 también busca amnistiar e indultar a las personas procesadas durante el Gobierno de Jeanine Áñez, entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.

En concreto, busca "restablecer los derechos de personas procesadas como consecuencia de los conflictos políticos y sociales durante la crisis política institucional del Estado, acontecida entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020", según informó la prensa boliviana.

En este punto, son más de 1.200 los afectados durante el tiempo en el que Áñez estuvo al frente del ejecutivo boliviano, según precisó el senador Leonardo Loza, del partido del expresidente Evo Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS).

La normativa fue aprobada el pasado viernes en la Asamblea Legislativa, donde el MAS es mayoría. La oposición boliviana mostró su desacuerdo con el decreto durante la sesión parlamentaria con proclamas como "Justicia", "Dictadura no" o "Democracia sí".