El pleno extraordinario de ayer votó por unanimidad que el Gobierno licite con urgencia el tren a punta Langosteira. Era un resultado previsible, puesto que se trata de una infraestructura vital para el desarrollo del Puerto Exterior y, por tanto, para el desarrollo de la región, que costó más de mil millones de euros y que precisa 140 más para la conexión ferroviaria. Pero ese fue prácticamente el único punto en común: el PP y el PSOE intercambiaron reproches mientras la Marea, el BNG y Podemos se dedicaban a criticar a ambos por igual.

Todos los partidos estaban de acuerdo en una cosa: que la reunión del pasado 23 de febrero en María Pita, a donde habían acudido todas las administraciones implicadas en el desarrollo portuario, no sirvió para nada. La portavoz de la Marea Atlántica, María García, que es además la presidenta de la comisión portuaria, hizo hincapié en que el presidente de Puertos del Estado “abroncounos” por la gestión, lo que la parece intolerable. Todos reprocharon a la alcaldesa su falta de influencia en Madrid, y el PP sacó a relucir el protocolo de 2018, firmado con el gobierno de Mariano Rajoy que, de haber cumplido, habría permitido licitar el tren a punta Langosteira en 2019.

Pero el PP no estaba exento de responsabilidades, según le recordaron el resto de los portavoces municipales, que señalaron que en ocho años de Gobierno, Rajoy no avanzó en la construcción. Isabel Faraldo, concejala de Podemos en el Grupo Mixto, calificó el caso del Puerto de A Coruña de “referente de tacticismo, loitas partidistas e de operación especulativa salvaxe” y recordó que las ansias de especulación urbanística del alcalde Francisco Vázquez estuvieron detrás de una infraestructura “sobrecosteada y mal planificada”, en referencia a que el Puerto Exterior costó 300 millones de euros más de lo presupuestado en un principio.

Compromisos

Le tocó al concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Juan Díaz Villoslada, defender la postura del Gobierno local y recordar que el Ministerio se comprometió a prorrogar la declaración de impacto ambiental hasta 2023 para el enlace ferroviario y se logró una moratoria hasta 2035 para saldar la deuda de la Autoridad Portuaria y se estudiaron los mecanismos europeos para poder realizar la solicitud de fondos de la UE destinados a la conexión ferroviaria, vinculada a un estudio de viabilidad “que a Autoridade Portuaria curiosamente presentou o 19 de febreiro, data en que pide o PP a celebración dun pleno extraordinario”.

Para Villoslada, el acuerdo de 2018 entre la Xunta y la Autoridad Portuaria se realizó a espaldas del Gobierno local (el de Xulio Ferreiro) y esos 20 millones prometidos por la Xunta (para hacerse con el 51% de los muelles de Batería y Calvo Sotelo) nunca se incluyeron en los presupuestos. En cuanto a la Marea, le reprochó haberse limitado a “montar concursos de ideas, algunhas interesantes, pero totalmente inoperantes”.

Por su parte, García criticó que el Estado pretenda seguir con el plan original de que el Puerto venda los muelles para obtener fondos para pagar la adeuda: “Visibiliza a falta de compromiso co Estado con Coruña. Cómo pode ser viable económicamente un porto sen tren?”.