Bienvenida la Ley de Eutanasia que este jueves quedó aprobada en el Congreso. Una norma que regula el derecho a morir dignamente. Otra forma de decirlo es que el jueves pasado el Estado empoderó al individuo para decidir sobre el momento de dejar este mundo cuando las condiciones de vida se han hecho insoportables a causa de una enfermedad incurable. La plasmación de lo antedicho en el BOE presenta dos rasgos centrales. Por un lado, la despenalización. Nadie irá a la cárcel a partir de ahora (dentro de los tres meses de carencia fijados) por ayudar a morir a alguien. Y por otro, se regula el procedimiento de la práctica eutanásica en el marco de la Sanidad Pública.

El rigor de las condiciones para llevarla a cabo, bajo supervisión médica y con verificación reforzada de la voluntad del enfermo, es incompatible con los reproches formulados por los dos partidos de la derecha nacional, que votaron en contra con argumentos insostenibles, a mi juicio. Que el PSOE pretende implantar “la cultura del descarte y de la muerte”, según Vox. Y que va a generar un “efecto llamada” para las personas más vulnerables, según el PP.

Aunque llega tarde --dos veces se quedó en el telar por sendos adelantos electorales--, estamos ante un avance real en materia de derechos y libertades civiles mayoritariamente aceptado por la sociedad. Según un sondeo del CIS del pasado mes de enero, un 72% de los españoles están a favor de llevar al BOE el derecho al suicidio asistido, en caso de enfermedad incurable y en determinadas condiciones, sin que el Estado, la Iglesia o la Familia puedan impedirlo.

Por tanto, la iniciativa legislativa del PSOE respondía a una demanda de la sociedad. Y así lo reflejado la amplísima mayoría parlamentaria que ha respaldado la ley: 202 diputados frente a 141 “noes” y 2 abstenciones. Un país puntero en trasplantes que salvan vidas está maduro para asumir el derecho a una muerte digna. Y, una vez más, la sociedad ha ido por delante de su clase política respecto al derecho de un enfermo incurable a irse de este mundo de forma libre, consentida, informada y voluntaria (con peticiones fehacientes y reiteradas), como alternativa a un final doloroso para él y su familia.

“La dignidad de vivir incluye la de morir”, tiene dicho Ángel Gabilondo, catedrático de Metafísica y, en medio de un tablero polarizado, alternativa sensata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Doctrina inatacable: “El hombre es soberano-a respecto a su propia vida, por encima y al margen de instituciones civiles o religiosas. Nadie puede obligar a nadie a vivir contra su propia voluntad. Y no está escrito que vivir con sufrimiento sea obligatorio”. Así lo expresé en esta misma ventana hace exactamente un año.